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Indignación en Jalisco por negligencia de instituto forense

La entrega de cuerpos a universidades por parte del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses sin haber agotado el deber de que sean reconocidos, fue calificada por el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco como una situación “profundamente alarmante y revictimizante”. Foto
La entrega de cuerpos a universidades por parte del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses sin haber agotado el deber de que sean reconocidos, fue calificada por el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco como una situación “profundamente alarmante y revictimizante”. Foto Cuartoscuro / Archivo
09 de octubre de 2025 07:52

Guadalajara, Jal. El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco calificó como una grave violación a los derechos humanos el manejo irregular de cuerpos no identificados bajo la custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al denunciar “con rabia, dolor e indignación” la presunta entrega de al menos 151 cadáveres a diferentes universidades, entre los años 2015 y 2018, muchos de ellos sin identificar ni pedir su devolución para entregarlos a sus familiares una vez reconocidos.

La práctica, que permaneció oculta durante años, salió a la luz gracias a una investigación periodística del diario local NTR; por lo que el colectivo cuestionó si existe evidencia de que las autoridades forenses y ministeriales agotaron las diligencias necesarias para la identificación y restitución de los cuerpos, como era su obligación.

A través de un comunicado, señaló que esta omisión ocurrió en un contexto de crisis forense nacional, donde la movilización institucional ha dependido históricamente del “esfuerzo incansable de las familias buscadoras”.

La entrega de cuerpos sin haber agotado el deber de que sean reconocidos fue calificada por la asociación como una situación “profundamente alarmante y revictimizante”, pues ahora flota la duda si esos cadáveres eran de desaparecidos cuyos familiares aún los buscan.

Los denunciantes recalcaron que el Estado tenía la obligación de tutelar los derechos de las personas fallecidas y garantizar procesos claros y diligentes de identificación.

Además, subrayaron el incumplimiento del artículo 346 de la Ley General de Salud, que establece explícitamente que los cuerpos “no pueden ser objeto de propiedad” y deben ser “tratados con respeto, dignidad y consideración”.

Por ello demandaron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos que permitieron la donación irregular de los cadáveres, así como la suspensión inmediata del personal involucrado hasta que se determinen las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

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