Lima. El Congreso de Perú destituyó anoche a la presidenta de facto, Dina Boluarte, por “permanente incapacidad moral” luego que los partidos políticos que la protegían en el Parlamento le quitaron durante la jornada su apoyo en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.

La “vacancia” de la presidencia fue decidida con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión. No hubo votos en contra, ni abstenciones. Se requerían 87 votos para destituirla.

Frente al Parlamento, manifestantes celebraron con banderas del país y carteles la destitución de la mandataria de 63 años, quien se rehusó a ejercer su derecho a la defensa, al alegar que no se respetaba su derecho a la defensa y el debido proceso.

Fue citada a las 23:30 horas luego que por amplia mayoría se aprobaron cuatro propuestas que buscaban destituirla.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día Castillo intentó disolver el Parlamento, pero el Legislativo contraatacó y lo destituyó por “incapacidad moral”. Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por rebelión, en lo que el ex mandatario acusó como un golpe de Estado.

Fuerza Popular, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, del también ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, anunciaron ayer en la tarde que apoyarían las mociones para la vacancia. Ambos partidos la protegieron desde el inicio de su mandato. Entonces, por la noche se aprobaron cuatro pedidos para votar su remoción.

"Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser vacada esta señora presidenta, merece ser castigada", dijo la legisladora conservadora Norma Yarrow, durante el debate de la moción de censura y previa a la votación de destitución.

En un pedido de la vacancia se acusó a Boluarte de enriquecimiento ilícito por el presunto uso indebido de relojes de lujo Rolex y también por la matanza de decenas de personas en las protestas de fines 2022 e inicios del 2023 cuando asumió el poder.

Más temprano la mandataria había indicado en una actividad pública en el palacio presidencial que culminaría su gestión programada hasta el 28 de julio de 2026.

La destitución de Boluarte ocurre a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.

Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia contra Boluarte, pero ninguna había prosperado debido a la protección que la mandataria tenía de los principales grupos legislativos. Boluarte no tiene bancada legislativa propia.

La crisis política detonó durante la jornada luego que la noche del miércoles se produjo un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, que dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad —en especial de los asesinatos y extorsiones— que el gobierno de Boluarte no ha logrado detener.

Los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia, según datos oficiales. Boluarte prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que Castillo fue removido, Boluarte no dimitió, lo que fue cuestionado como una traición.

Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos casi todos por heridas de bala, incluido ocho menores de edad. Según informes de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y Boluarte, que llegó luego del frustrado intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso. Tres ex mandatarios están en prisión por casos de corrupción o acusados de abuso de poder, como es el caso de Castillo.