Ciudad de México. Bajo un supuesto modelo de “economía circular”, legisladores federales impulsan iniciativas que favorecen a las grandes corporaciones y buscan aplazar la prohibición de plásticos de un solo uso e incumplir con lo ordenado por el Poder Judicial que obliga a eliminarlos, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

Viridiana Lázaro, de Greenpeace México, señaló que son varias las propuestas que se han presentado en el Senado de la República y la Cámara de Diputados –algunas ya están en comisiones– por partidos como Morena, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, entre ellas, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de los Residuos, que abroga la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

Esta iniciativa, apuntó, pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040 e incentiva su producción, ya que clasifica a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular y se enfoca en su incineración, lo cual ocasiona diferentes riesgos a la salud y el medio ambiente.

Además, “no impone una responsabilidad real” a las grandes empresas contaminadores y no se establecen sanciones claras ni obligaciones específicas, además de que no contempla mecanismos de participación pública, abundó.

“A nuestro parecer esta es una de las peores iniciativas hasta el momento y se presenta como una solución verde, pero no es así. Nosotras lo vemos más como un greenwashing legislativo, porque justamente al abrogar y dejar sin efecto a la LGPGIR no mejora ni reemplaza ninguno de los principios clave, (sino) diluye obligaciones de la industria y promueve falsas soluciones”, recalcó.

En conferencia de prensa, Lázaro indicó que aunque la Secretaría de Medio Ambiente y a Recursos Naturales (Semarnat) ha asegurado que esta iniciativa ha sido consensuada con la sociedad civil, en realidad sólo ha sido con el sector privado. Incluso, la Asociación Nacional de Industrias de Plástico ya hizo comentarios y modificaciones directas a la iniciativa de ley, desde agosto pasado.

En su participación, Ana Larrañaga, de la organización El Poder del Consumidor, advirtió de un presunto “conflicto de interés” de la Semarnat, ya que ha anunciado alianzas con grandes empresas para impulsar parques de economía circular en regiones donde se busca “perpetuar la injusticia ambiental”.

En este sentido, afirmaron que no han sido consultadas las organizaciones de la sociedad civil ni las comunidades afectadas por este tipo de megaproyectos contaminantes. Señalaron que la Ley General de Economía Circular no se conoce públicamente, a pesar de que la dependencia presume que ya fue consensuada.

Claudia Romero, de Fronteras Comunes, apuntó que la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y la diputada Laura Ballesteros (MC), excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes.

También mencionó que existe la iniciativa del senador Waldo Fernández González (PVEM) para crear la Ley General de Economía Circular, la cual pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios.

Los especialistas denunciaron también que la industria impulsa estrategias greenwashing disfrazadas de economía circular.

Lázaro señaló que se han enviado diversos oficios a la Semarnat desde agosto pasado para advertir “el conflicto de interés” y de los retrocesos que implicarían esas iniciativas, pero han obtenido respuesta a su solicitud de audiencia para sentarse a dialogar.

Por ello, las organizaciones pidieron al Poder Legislativo detener el avance de las iniciativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico y terminar con las alianzas con corporativos de la industria, además de cumplir con el amparo de agosto del 2024, que ordena prohibir la producción de plásticos de un solo uso.