La asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas y gobiernos en común denunció el pasado 28 de septiembre que, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Chiapas y la policía municipal de Ocosingo, habitantes de Huixtán quemaron y destruyeron casas de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encargadas del trabajo colectivo de la región y de labores de milpa común que realizan con hermanos no zapatistas, y se adueñaron de un predio recuperado en 1994. La Fiscalía General del Estado reconoció estos hechos llamándolos operativo interinstitucional con el objetivo de ejecutar la restitución de un predio ubicado en el municipio de Ocosingo, y agregó que “durante la diligencia se destruyeron casas de madera, sin detenidos. Cabe mencionar que se hizo entrega formal de 47 hectáreas del predio denominado Copropiedad Huixtán a sus respectivos propietarios, en presencia de los elementos del orden y con la delegación de gobierno de Ocosingo como testigos”. 

Las agresiones ocurrieron en el poblado de Belén, en la región campesina del caracol Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. En su comunicado, la asamblea afirmó que el 22 de abril, el 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto pasados, con resguardo policiaco y militar similar, llegaron a ese poblado 30 personas de Huixtán encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez. El 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre, nuevamente llegaron dos camionetas del Ejército federal, tres de la policía de Ocosingo y cuatro de la fiscalía del estado. Los agresores dijeron que mediante un amparo, el juez les otorgó el reconocimiento de desplazados forzados internos y sentenció de acuerdo con los convenios internacionales, porque las autoridades de gobierno fueron omisas y no los acompañaron desde el inicio del desplazamiento. Y dan evidencia de su verdadero objetivo al señalar que en el amparo logrado se dijo que “si no podemos ingresar a nuestras tierras con garantías de la vida y libre tránsito y de nuestras propiedades y nuestros bienes, al gobierno federal le corresponde indemnizarnos”. 

Los zapatistas explicaron que “tratamos de dialogar con ellos, pero, claro, nos dijeron que la tierra ya se las entregó el gobierno y tienen los documentos legales. En esas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros diciéndoles que deben salirse de las tierras por las buenas o por las malas. Nuestro intento de búsqueda de diálogo fue en vano”. 

En su denuncia, también señalaron: “no mentimos al pueblo de México y al mundo que esas tierras ya fueron pagadas por el mal gobierno desde 1996”. Los zapatistas llevan décadas en posesión de dichas tierras y las han trabajado y cultivado de forma pacífica, continua y pública, por lo que está acreditada su legal posesión. Y se preguntan ¿y por qué ahora vuelve a entregar la tierra, que ya está pagada? Lo que busca aquí la Cuarta Transformación es el choque, el enfrentamiento y la guerra, y reiteran: “muchas veces hemos dicho que no queremos la guerra, lo que queremos es la vida en común, pero nos están obligando a defendernos”. ¿Recuerdan aquello de no despertemos al México bronco? 

Aclaro que el silencio de los gobiernos estatal de Chiapas y federal al más alto nivel no los exime de responsabilidad. Los hechos hablan, por la voz ausente del gobernador de Chiapas ya hablaron la fiscalía del estado, la policía municipal de Ocosingo, por la federal ya habló la Guardia Nacional. Por el Poder Judicial, el o los jueces que supuestamente ampararon a también supuestos propietarios de las tierras recuperadas en Chiapas por los zapatistas en 1994. Ahora corresponde al Estado mostrar públicamente las evidencias de tales pagos y las personas que fueron beneficiadas. Ello debería suceder antes de que sea demasiado tarde, para ofrecer un deslinde político fundado y categórico frente a los agresores que se reivindican propietarios. La denuncia está siendo replicada por numerosos colectivos que organizan jornadas en vastas regiones y firmas personales en el país y en la llamada Europa zapatista, exigiendo respeto al EZLN, a su proceso organizativo por el común y la lucha por la vida, proyecto que no encuentra punto de coincidencia con la vía electoral de la llamada Cuarta Transformación. Para la clase política morenista, sólo es oposición la de los otros partidos políticos. 

El EZLN tiene fuerza social y el Estado mexicano derogó en la práctica la ley para el diálogo, la negociación y la paz libre en Chiapas. Desde 2001 está aplicando el principio salinista de “ni los veo ni los oigo”. En los hechos se vive una guerra no declarada contra los pueblos que el neoindigenismo no logra ocultar. La escalada contra el zapatismo no parece casual, por más que se utilicen como voceros a supuestos propietarios con respaldo verde olivo.