Campeche, Camp. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, posee, a través de prestanombres, al menos 34 propiedades en la ciudad de Campeche, aseguró la gobernadora morenista Layda Sansores San Román.

En su programa Martes del Jaguar, donde antier dio a conocer que tres de esos bienes inmuebles serán expropiados al priísta para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, la mandataria añadió que en esta ocasión “los amparos no van a entrar, porque siempre con amparos intentan frenar este tipo de determinaciones; ahora sí no se vale, puedes negociar el precio, pero ya cuando se decide que es utilidad pública, esto avanza porque avanza” subrayó.

Detalló que los predios en cuestión, ubicados en el fraccionamiento Miramar –uno de los cuales está a nombre de la madre del líder nacional del PRI, Yolanda Cárdenas Montero, y dos son presuntamente de “su arquitecto” Juan José Salazar– son áreas que Alito denominaba “de amenidades”.

Indicó que éstos cuentan con canchas de pádel y de golf, jardín para fiestas y caminos internos que comunican de una a otra zona. Incluso, detalló Sansores, “ya nos deja el trabajo adelantado, ya están bardeados juntos el de la mamá con los del arquitecto… ya parece que no son prestanombres, a quién quieren engañar?”.

La gobernadora negó que se trate de un despojo. “Es un acto de justicia”, que se apega, según explicó, a la recién aprobada Ley de Expropiación “y cumple con todos los requisitos de dar garantías. Antes te podían expropiar tu casa sin avisarte, te pagaban lo que querían y sin derecho a nada, te enterabas después de que te lo habían expropiado, ahora te van a dar 45 días de audiencia, porque tiene que haber una serie de desahogos, tiene un proceso”.

Reiteró que le han descubierto a Moreno Cárdenas más de tres decenas de propiedades en Campeche. “Ya tenemos la certeza, con su escritura de este predio; de ahí se toma la decisión de hacer una obra que valga la pena y va ser nuestra Universidad Rosario Castellanos, así que se da por primera vez este decreto de expropiación. Y lo estamos haciendo porque no tenemos otra alternativa, no se pudo por un lado, no se puede por el otro, ya a todo le puso prestanombres”.

“Ya presentamos el proyecto, cumplimos con todo lo que se requiere y vamos a tener institución muy digna para los campechanos. Va a ser bellísima, todo está listo para empezar, yo creo que en mes y medio y vamos adelante”.

Sobre el desafuero

Sobre la solicitud de desafuero de Alito, la mandataria sugirió que él ha recibido ayuda y protección para evadir la acción de la justicia. “Presentamos un expediente que alguien desapareció y no nos dimos por vencidos, abrimos otro que también se cerró, no sabemos cómo mágicamente sucede esto; presentamos ante el Congreso solicitud de juicio de procedencia para el desafuero y de pronto lo clausuran porque no tenemos mayoría”.

Agregó que “el desvío de 83 millones de pesos de que lo acusamos (durante su gestión como gobernador, de 2015 a 2019), es peccata minuta, eso no es nada, es sólo uno de los señalamientos, es tanto lo que hemos descubierto que da para muchos expedientes; nos cierran uno y empezamos a abrir otro.

“No nos hemos cansado, a mí no me van a decir que lo acusamos y lo dejamos, lo queremos demostrar, presentamos otro documento en la Cámara de Diputados para el juicio de procedencia y ahí va caminando”, sostuvo.

“Se alista proyecto para reforzar la ley de extinción de dominio”

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

La expropiación de predios en Campeche por el gobierno de Layda Sansores, a personas muy vinculadas a Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI y ex gobernador de la entidad (incluida su madre, Yolanda Cárdenas Montero), obedeció a que “eran propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, por eso viene este esquema”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, durante su conferencia, adelantó que a partir de este tipo de situaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está preparando una iniciativa de modificaciones al régimen legal que rige la figura de la extinción de dominio porque en la actualidad, aun cuando se confirme que algunos bienes provienen de la delincuencia organizada y esté probado, es muy difícil acreditar la aplicación de la extinción de dominio.

–Implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobada?

–Pues sí, ¿no?, porque es lavado de dinero. Si se adquiere un predio… O sea, tiene que demostrarse, y cualquier cosa la tiene que determinar un juez; pero si por corrupción, por mal uso del recurso se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa: pues sí, ¿no?, y que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades.

Sin embargo, no precisó cuándo será turnada la iniciativa al Congreso de la Unión, pues aún está en preparación.