Guadalajara, Jal. Heliodoro “N”, identificado por la Fiscalía de Jalisco como representante legal y miembro del consejo directivo de algunas de las empresas fantasma utilizadas para cometer fraude en contra de las villas panamericanas por al menos 140 millones de pesos, fue detenido y una de dichas empresas fue tomada bajo el control de las autoridades.

La audiencia de imputación contra Heliodoro “N” se derivó de una denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por un presunto esquema de desvío de recursos públicos utilizados para la adquisición del conjunto habitacional.

Durante la audiencia la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en 144 horas (el 7 de octubre) cuando se realizará la audiencia en la cual se decidirá si es vinculado a proceso. Mientras tanto permanecerá en prisión preventiva justificada.

Las indagatorias las realiza la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, que ha identificado la participación de personas y empresas “fachada” mediante contratos y préstamos simulados. La vicefiscalía también tiene bajo resguardo 340 unidades habitacionales de las villas y dos áreas comunes, para recabar evidencia sobre la operación del presunto esquema de fraude.

Se han realizado cateos en un domicilio de la colonia El Bajío, aledaña a las villas, y otro en Rinconada de Santa Rita, ambos en Zapopan, los cuales están bajo control de la Fiscalía del Estado.

Las villas -hoy Conjunto Avaterra- fueron utilizadas en 2011 para albergar a los participantes en los Juegos Panamericanos, pero desde antes de su construcción han sido objeto de polémica y litigios en tribunales.

Fueron edificadas en una zona de recarga de mantos freáticos sobre predio El Bajío, en Zapopan, y luego mediante un financiamiento nebuloso en el que se entregaron millonarios fondos de los ahorros de los burócratas estatales y municipales, a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI, se construyeron los 4 edificios con un total de 942 departamentos.

Durante años no pudieron venderse porque a la comercializadora se le negaba el permiso de habitabilidad, hasta que finalmente un juez se permitió la venta de los departamentos, lo que ha hecho que quienes han comprado alguno de esos espacios expresen las dudas sobre el futuro de su patrimonio, el cual no se verá perjudicado según el gobernador Pablo Lemus, mientras la fiscalía mantiene el control del inmueble 

En 2024, según una investigación del diario local NTR, se liquidó la sociedad que existía entre las empresas privadas Creaciones del Bajío y Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque, en la que también participaban con acciones mayoritarias IPEJAL (30 por ciento) -que se quedaría con 110 departamentos-, e IJALVI (45 por ciento), que se quedaría con 165. 

Para “compensar” el evidente mal negocio para las entidades públicas, porque los 272 departamentos del trato equivalen al 29.1 por ciento de los 942 espacios a la venta mientras la inversión en recursos para construir fue del 75 por ciento, entre ambos institutos recibieron 154 millones 629 mil 173 pesos.