Ciudad de México. La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República representa un grave retroceso en un momento decisivo para la justicia constitucional para el país, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque el organismo del sector empresarial reconoció los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias, advirtió que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo.

“Valoramos la apertura a escuchar voces sociales y empresariales, así como el reconocimiento a la figura del interés legítimo colectivo. No obstante, esta sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública”, señaló en un comunicado.

En materia de suspensión del acto reclamado, la Coparmex consideró que la rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata, por lo que en casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio, lo cual puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias.

Anotó que otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana.

Reconoció que las autoridades enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta.

Recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo 19, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional, pues con este negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. “Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo”, indicó.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reconoció la intención del Ejecutivo Federal de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia. No obstante, consideró que algunos de los componentes de la propuesta podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional, como la redefinición del interés legítimo, la limitación de las suspensiones provisionales; las restricciones a la ampliación de demanda y a la suspensión de actos fiscales; la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento de sentencias; o la exclusión de suspensiones en sectores estratégicos.

“El amparo es el pilar histórico de la seguridad jurídica en México, y su debilitamiento compromete la confianza de los inversionistas y la operación cotidiana de nuestras empresas”, dijo. Por ello, exhortó al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos.