Ciudad de México. La disputa legal que lleva cinco años por terrenos e inmuebles en Santa Fe entre la Fiscalía General de la República (FGR) y empresas particulares será resuelta en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este miércoles, por mayoría de seis votos contra tres, el Pleno de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción sobre el litigio, bajo el expediente 235/2025, a petición de la FGR formulada en junio de este año, para que resuelva si los predios son propiedad de la nación o de particulares, a quienes el ministerio público federal acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada por ocupar dichas propiedades.

En contra de la atracción votaron el ministro Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía.

La FGR, que busca tener la posesión de los predios, sostiene que estos pertenecen a la nación debido a que fueron expropiados desde el año 1907 por un decreto de Porfirio Díaz y en 1974 por medio de decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, la empresa Inmobiliaria F4, S.A. de C.V., defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018, conforme a un decreto también publicado en el DOF.

El caso inició en octubre de 2020, cuando se presentó una denuncia anónima que acusaba a una empresa y a particulares de vender de forma irregular terrenos federales ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón.

A raíz de ello, la FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, la cual en 2022 amplió para incluir uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio.

No obstante, el 15 de noviembre de ese mismo año, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo a las empresas Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, con lo que impidió a la FGR tomar posesión del inmueble.

La resolución se apoyó en un decreto de 2018 que autorizó la regularización de dos fracciones del terreno a favor de Juana Reséndiz Vázquez, con superficies de 7,070.32 y 925.39 metros cuadrados, correspondientes a un predio mayor conocido como Cenid Microbiología. La jueza concluyó que el aseguramiento carecía de fundamentación y motivación, lo que violaba el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR impugnó la sentencia y el caso se encuentra pendiente de resolución en un tribunal colegiado, y a la par solicitó a la Suprema Corte atraerlo para una decisión definitiva.