El pasado 28 de septiembre, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) Gobiernos en Común –que pertenecen a las nuevas estructuras que los zapatistas han creado en su proceso de autocrítica– dieron a conocer una denuncia en la que detallan una serie de ataques que comenzaron a padecer desde abril pasado. Las agresiones ocurren en el poblado de Belén, en la región campesina del caracol Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, y en ellas han participado grupos civiles, acompañados por Ejército federal, Policía Municipal de Ocosingo y la Fiscalía General del Estado.

Como en los peores tiempos de los gobiernos priístas, un ataque contra las comunidades zapatistas es disfrazado de un supuesto conflicto agrario: un grupo de civiles reclama la propiedad de tierras que pertenecen a los zapatistas.

Luego, la justicia estatal, que casi nunca opera en este país y además de manera tan rápida, falla a favor de los quejosos.

Después, en vehículos oficiales, el Ejército federal, la Fiscalía de Chiapas y la policía de Ocosingo acuden a despojar a las bases de apoyo zapatistas. Para escalar la provocación, las fuerzas del Estado queman casas, cometen robos y difunden el operativo de despojo en sus páginas y redes sociales.

Los zapatistas, que han aprendido a resistir y que siguen apostando por el diálogo, se dieron a la tarea de documentar todo. Registraron fechas, procedimientos y, además, encontraron la mentira que sustenta toda la operación: las tierras que les quieren arrebatar ya fueron pagadas por el Estado a los terratenientes y finqueros que reclamaron indemnización luego del alzamiento de 1994.

Es muy importante destacar que las tierras que les quieren arrebatar a los zapatistas son tierras que ya se trabajan en común, es decir, son tierras en las que trabajan comunidades zapatistas y comunidades no zapatistas. Otro dato relevante es que dichas tierras están muy cercanas a otras donde, de manera autogestiva, se construye un quirófano al que tendrán acceso comunidades zapatistas y no zapatistas. Por eso, y porque son sus tierras, los ataques resultan más graves: una amenaza al común, un atentado contra una nueva apuesta civilizatoria.

El contexto de este nuevo ataque es todavía más delicado. Se trata de la segunda incursión represiva por parte del Ejército federal a territorio zapatista en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. La primera ocurrió en abril del 2025, cuando fuerzas de la Guardia Nacional, del Ejército federal y de las llamadas Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ingresaron a territorio autónomo para detener de manera ilegal a dos bases de apoyo, acusados falsamente de secuestro.

En el operativo, las fuerzas del Estado robaron un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Como resultado de las denuncias y de la movilización de los zapatistas y sus bases y redes de apoyo, los detenidos fueron liberados.

A lo anterior hay que sumar el complejo escenario chiapaneco, marcado por las violencias estatales y criminales que se agudizaron desde 2021 con el gobierno de Rutilio Escandón. Hoy cónsul en Miami, Escandón es también miembro del “grupo Tabasco” y personaje cercano a Adán Augusto López, quien ha sido cuestionado por los vínculos de sus operadores con el grupo criminal La Barredora, que operó en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Por su parte, el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez (2024-2030), marcó desde sus primeros días de gestión la línea a seguir: el combate a la inseguridad.

Así, se dio a la tarea de crear un cuerpo policiaco de élite, las FRIP o pakales, que ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos en sus operativos: detenciones arbitrarias, tortura, abusos de autoridad, robos, amenazas, extorsiones.

A las violencias de los pakales debe sumarse la que ya estaba instalada en todo Chiapas, y que se manifiesta en enfrentamientos constantes, tráfico de personas, desplazamientos forzados y el aumento en el número de personas desaparecidas.

“Nuestro intento de búsqueda de diálogo fue en vano. Muchas veces hemos dicho que no queremos la guerra, lo que queremos es la vida en común, pero nos están obligando a defendernos”, han dicho los mayas zapatistas. Sus palabras deben escucharse en ese contexto: pueblos constantemente violentados y despojados, dispuestos a actuar en defensa del territorio y de la vida.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador insistía en que el Ejército no actuaba sin que la persona en la Presidencia del país lo supiera o lo ordenara.

En estas nuevas agresiones contra los zapatistas en las que participa el Ejército, surgen preguntas: ¿La presidenta Claudia Sheinbaum está enterada? ¿Ella ordenó los operativos? ¿Quién quiere obligar a que los zapatistas se defiendan? Que se aclare será importante para evitar que el conflicto escale. Y también es importante el respeto a los territorios de los pueblos zapatistas y a su autonomía.

*Sociólogo