La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado: el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente.
En las campañas políticas de los principales candidatos hay pocas coincidencias: 1) una es que los tres han prometido luchar a fondo contra la pobreza (P); 2) dar prioridad a la pobreza extrema (PE) en el medio rural (MR) en detrimento de la PE en el urbano y de la pobreza moderada (PM) en todo el país; y 3) centrar la lucha en la entrega de cheques y no en recuperar salarios reales. Estas orientaciones parten de una premisa y de un diagnóstico. La premisa es ideológica y forma parte del pensamiento neoliberal. Se piensa que la PE, concebida sobre todo como hambre, es una condición que impide a los individuos participar en el juego del mercado. Por ello, resulta una obligación estatal (casi la única que tiene en un mundo en el que el mercado lo hace todo) eliminar este tipo de pobreza para habilitar a todos a jugar este juego. Con ello se lograría la igualdad de oportunidades. La PM, en cambio, no le atañe al Estado combatirla, ya que es una condición que no impide a los individuos participar en el mercado. La premisa reduce la población objetivo de las políticas a la PE. Veamos el diagnóstico en que se fundamenta, redactado por Santiago Levy, subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, realizado en 1991 para el Banco Mundial, en el cual sostuvo que la PE en México es un problema predominantemente rural y que afecta sólo a alrededor de 20 por ciento en 1984. Veamos cómo llegó a estas conclusiones. Levy, en congruencia con el concepto neoliberal de PE, concibe a los “extremadamente pobres como aquellos cuyo gasto en alimentación es inferior al costo de la canasta normativa alimentaria (CNA)”. Es decir, los que no pueden alimentarse bien. Sin embargo, como no tenía datos completos de gasto alimentario de los hogares, no pudo calcular cuántos hogares eran pobres comparando su gasto en alimentos con el costo por persona de la CNA. Entonces, definió como línea de PE (el ingreso por persona mínimo para no ser PE) el producto de multiplicar el costo de la CNA por 1.25. Usar este factor equivale a suponer que los hogares más pobres gastan 80 por ciento de su ingreso en alimentos crudos, lo que Levy justifica apoyándose en autores que se refieren a países más pobres que México. La información de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) ha mejorado sustancialmente. Levy trabajó con la de 1984. La base de datos de la ENIGH de 1996, a diferencia de la de 1984, permite calcular el gasto corriente total (monetario y no monetario) en alimentos y su proporción respecto al gasto total. El resultado obtenido es que el E es de 32.8 por ciento. Al formar grupos de 10 por ciento de las personas cada uno (deciles), el decil más pobre tiene un E de 57 por ciento. Esta proporción desciende a medida que ascendemos por los deciles así: 51 por ciento en el decil 2, 48 por ciento en el 3, 45 por ciento en el 4, 44 por ciento en el 5 y 42 por ciento en el 6. En la elección de grupo para elegir el E hay dos posturas. La del Banco Mundial y de Levy es elegir los deciles más pobres. La de la Cepal es elegir el decil de menores ingresos entre aquellos que cumplen con el requisito de gastar en alimentos una cantidad igual o mayor que el costo de la CNA. En el primer caso, si tomamos el promedio de los tres primeros deciles, el E sería de 50 por ciento. En el segundo caso, es el decil 6 el primero que, en promedio, tiene un gasto en alimentos superior a la CNA usada por Levy, por lo que habría que elegir su E de 42 por ciento. Por tanto, el E adecuado para aplicar la definición de PE de S. Levy es 50 por ciento o 42 por ciento, lo que significa que la LPE de acuerdo con la propia definición de Levy, debería resultar de multiplicar el costo de la CNA por 2 o por 2.4, y no por 1.25 como Levy. Éste es el error de Levy. Las dos conclusiones básicas del autor, que la PE es rural y que afecta a una proporción pequeña de la población, y las implicaciones de política que de aquí se derivan, estaban sustentadas en este error.
Al comparar los resultados de calcular la PE pobreza en México en 1996 (año más reciente para el cual es posible hacer esto), con base en las siguientes LPE líneas de pobreza extrema: 1) la usada por Levy; 2) la corregida usando la opción que el propio Levy prefiere, con el E (50 por ciento), a la que llamamos Levy corregida; 3) con la línea de PE que usa el Progresa, que es igual al costo de la CNA, es decir, que supone que los hogares gastan el 100 por ciento de su ingreso en alimentos; 4) la línea de PE de la Cepal, que parte de una CNA más generosa que la de Coplamar, pero supone, como el Progresa, que el 100 por ciento se gasta en alimentos; 5) el cálculo de la PE que resulta de comparar directamente, tal como señala la definición adoptada por Levy, el gasto alimentario per cápita de cada hogar contra el costo de la CNA, la pobreza extrema resultante va desde el 15 por ciento de la población nacional con el criterio del Progresa, a 20 por ciento con la línea original de Levy, a 29 por ciento con la de Cepal, a 39 por ciento con la línea de Levy corregida, a 54 por ciento con el cálculo directo del gasto contra el costo de la canasta. En todos estos cálculos, se aplica la misma definición: es pobre extremo el que no puede alimentarse correctamente. En todos ellos, menos en el de la Cepal, se usa la misma canasta: la de Coplamar, que incluye sólo 33 alimentos y una sola bebida, la leche. Es decir, es una canasta sumamente austera, que no toma en cuenta el consumo de otras bebidas y que excluye alimentos tan básicos como el queso. Las grandes diferencias están en los supuestos sobre la proporción del ingreso que se dedica a alimentos. Sin embargo, en la última opción no tiene que hacerse ningún supuesto, por lo cual es éste, sin duda, el cálculo correcto. Los demás pecan por adoptar supuestos no realistas; éste es claramente el caso de Progresa, Levy y Cepal, que suponen proporciones del gasto en alimentos de 100 por ciento o de 80 por ciento. Incluso el Levy corregido tiene el problema de haber adoptado el E promedio de los tres deciles, cuando identifica casi cuatro deciles como pobres. Es claro, entonces, que el único cálculo correcto es el del gasto en alimentación. Con éste se desmiente categóricamente la primera conclusión de Levy: la PE no afecta a una pequeña minoría de alrededor de la quinta parte, sino a más de la mitad de la población nacional. De aquí se deriva inevitablemente la conclusión que la orientación adoptada de enfrentar la PE con el envío de cheques a las personas es inviable, ya que habría que enviárselos a más de la mitad de la población. Que el camino pasa inevitablemente por la adopción de medidas diferentes de política económica, particularmente por lo que respecta a los salarios reales de la población y al acceso de los microempresarios y empresas asociativas de los pobres al crédito bancario y a la asistencia técnica y de comercialización. En cuanto a la segunda conclusión de Levy, mientras con las LPE del Progresa y de Levy, la PE es, en efecto, predominantemente rural (alrededor de dos tercios de los PE ), esto deja de ocurrir con las LPE corregidas de Levy y con la de Cepal, que arrojan una distribución casi por mitades de los PE en ambos medios. Por último, con el cálculo correcto, el del gasto alimentario, el predominio se invierte y 60 por ciento de los PE viven en las ciudades contra 40 por ciento en el campo. Con esto se desmiente la segunda conclusión de Levy: que el problema de la PE es sobre todo rural. Resulta evidente, pues, que hay un serio y grave problema de PE también en las ciudades.
