Organizaciones y ciudadanos que reclaman se reinstalen las esculturas de Ernesto Ché Guevara y Fidel Castro, retiradas del jardín Tabacalera el 16 de julio por la alcaldía Cuauhtémoc, reprocharon la decisión del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (Comaep) del gobierno capitalino por no emprender acciones legales contra la titular de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, y en lugar de exigir que restituya los bronces, le pidió que realice gestiones para determinar su permanencia, retiro o reubicación, como si no se tratara de un hecho consumado.
Carolina Verduzco, integrante del Comité del 68, advirtió que este caso podría convertirse en “una derrota política para la 4T” ante el gobierno panista de Cuauhtémoc si no se logra restituir el conjunto escultórico en el sitio que ocupaba desde hace ocho años para evocar el primer encuentro de ambos personajes, en julio de 1955, en la calle José de Emparán 49, colonia Tabacalera, más aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideraron su remoción como un acto fuera de la norma.
Explicó que el 4 de agosto pasado, con las firmas de más de 30 organizaciones y de un centenar de personas, entre ellas Tamara Barra, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y el historiador, académico y politólogo Pablo Moctezuma, dirigieron una solicitud al secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas, en calidad de presidente del Comaep, para que informe de las acciones para reinstalar el conjunto escultórico y para que su retiro no quede impune.
El secretario técnico del Comaep, Raúl Espinosa, respondió que no cuenta con atribuciones legales para implementar algún recurso legal, e informó que se solicitó a la alcaldía “que realice las gestiones correspondientes a fin de que se pueda determinar la permanencia, retiro o reubicación de las esculturas”.
En un segundo escrito dirigido a Encinas, en el que reiteran su petición para que la Comaep requiera a la alcaldesa reinstalar el monumento, consideraron infundado que carezca de facultades para denunciarla y “desacertada” la solicitud de gestión, “porque implica conceder que depende de la voluntad de la funcionaria el regreso del monumento o determinar su destino.
