Vecinos originarios de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, viven rodeados por un cerco de desarrollos inmobiliarios que se levantan en el triángulo formado por las vialidades Paseo de la Reforma, Insurgentes y México-Tenochtitlán. En un radio menor a un kilómetro, a la sombra del Monumento a la Revolución, denunciaron que al menos 17 torres –concluidas o en proyección– de entre 19 a 50 niveles, con cientos de departamentos y hoteles, rebasan por completo la infraestructura local.

Señalaron que las irregularidades en licencias y dictámenes, documentados en la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI/B-2 C/D/02898/08-2023 –vigente– y en la denuncia ciudadana con folio 022598 de la Fiscalía General de Justicia, han permitido una densificación que “sólo beneficia a la gentrificación” y que las administraciones de Ricardo Monreal, Néstor Núñez, Sandra Cuevas y ahora Alessandra Rojo de la Vega, han favorecido el crecimiento inmobiliario sin consulta vecinal ni garantías para la población originaria.

El caso más reciente es el de José María Iglesias 59, donde los vecinos documentaron irregularidades en la manifestación de obra y dictámenes entregados fuera de tiempo. El 12 de septiembre del año pasado, mediante el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-DPPOSH-13719/DGPSH/2024, la Secretaría del Agua –antes Sacmex– declaró “factibilidad hídrica no procedente” para una torre de 22 niveles y más de 120 departamentos, a tan sólo 250 metros del predio de Plaza de la República número 17.

Pese a las anomalías, la actual administración desestimó la solicitud de nulidad de la licencia, argumentando la existencia de “facilidades administrativas” que posteriormente fueron declaradas no procedentes por la Secretaría de Planeación Metropolitana en marzo de este año bajo el oficio SPOTMET/DGPU/DGU/926/2025.

“Fue un trámite derivado de corrupción por los servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, así como de la inmobiliaria, sabiendo que no fue procedente el trámite y siguió llevando los requisitos faltantes a la Dirección de Obras”, asienta la denuncia. Además, señalan que las viejas tuberías no compiten con las bombas de succión que abastecen a las megaedificaciones.

“Aquí no tenemos mercados, iglesias ni escuelas”, reclamaron Alfonso Rentería y Javier Rouraen un recorrido por la zona y desde 2017 esperan la creación de una casa de cultura en el predio de la antigua escuela primaria Pensiones, inhabilitada por afectaciones relacionadas con el proyecto Be Grand Reforma, una de las torres más grandes, con 588 departamentos. La empresa asegura “que dio 30 millones de pesos como mitigación para beneficio de la comunidad”, recursos de los que “no se sabe su destino”.