Guadalajara, Jal. La Asamblea Estudiantil Interuniversitaria logró conjuntar al menos a 800 alumnos de varios campus de la Universidad de Guadalajara, quienes marcharon de la torre de Rectoría, donde entregaron un pliego petitorio al secretario general de la UdeG, César Barba Delgadillo, hasta palacio de gobierno, donde instalaron un plantón y abrieron una mesa de diálogo con el gobierno estatal.

Las dos exigencias principales, el desconocimiento de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) como representantes del alumnado y la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) que se realizan esta semana, siguen como puntos confrontados entre ambas partes, luego que reiteraron que no son negociables.

Aunque parecería poca la participación en el contexto de una universidad que tan solo en sus centros universitarios del área metropolitana de Guadalajara tiene 108 mil 630 alumnos y en toda la red universitaria incluyendo prepas suma casi 340 mil, en los hechos se trató de la marcha de alumnos más numerosa de años recientes no convocada por la FEU.

Antes de partir de la explanada en la torre de Rectoría, una comisión de estudiantes entregó a Barba Delgadillo el pliego petitorio de tres centros universitarios metropolitanos y un cuarto que es general, sin que se estableciera un diálogo entre él y los inconformes.

El secretario reiteró la disposición a dialogar por parte de la administración de la UdeG, pero negó que se pueda cumplir la petición de suspender las elecciones del CGU que comienzan este martes.

Respecto a la exigencia de los inconformes para desconocer a la FEU, Barba afirmó que la UdeG no interviene en los procesos estudiantiles y los alumnos que lo deseen pueden participar, incluso sin ser miembros de esa federación, para obtener cargos como dirigentes y así, con votos, lograr luego su integración al CGU.

El contingente partió por avenida Juárez hacia el centro de la ciudad donde llegó pasado el mediodía bajo un sol abrasador.

A las afueras de palacio de gobierno, con sombrillas y lonas o lo que tenían a mano para resguardarse, realizaron un mitin en el que se solidarizaron con ellos grupos de docentes que también participaron en la marcha, organizaciones civiles y de derechos humanos como Eureka -que lamentó el deslinde de la Comisión Estatal de Derechos Humanos escudada en la “autonomía universitaria”-, el colectivo Memoria en Resistencia, padres de familia y grupos de buscadores de personas desaparecidas.

Una madre de familia, María de Jesús Moya, dijo que el discurso de que personas ajenas a la universidad están detrás de las movilizaciones es falso, porque “en una universidad pública nadie es ajeno”, por lo cual pidió dejar de estigmatizar a quienes se manifiestan fuera de los canales ordinarios de la UdeG.

“Vamos a seguir observando a las autoridades, a quienes se acerquen a los jóvenes, y obviamente vamos a seguir tomando evidencia de quienes los transgreden, porque esa va a ser la mejor herramienta que tengamos como padres de familia para defender a nuestros hijos, incluyendo el nivel medio superior y nivel superior”, afirmó.

La maestra del campus de Ciencias Sociales y Humanidades, Tanya Méndez, dijo que hay una petición que circula en Change.org para que los docentes que también buscan mejores condiciones laborales puedan “firmar sin miedo”, pues por ejemplo existe un programa de promoción escalafonario desde 2005 que se ejerce bajo criterios “arbitrarios e ilegales”, sin contar que el 62 por ciento de la planta docente de la UdeG trabaja por asignatura y carece de muchas prestaciones.

Luego una comisión de estudiantes, que esperó largo rato para ingresar a palacio de gobierno, abrió una mesa de trabajo con Iván Ricardo Chávez Gómez, subsecretario del Interior del gobierno estatal, en la que como es común el resultado fue que les dijeron que iban a analizar los puntos del pliego petitorio.

El pliego

El pliego petitorio consensuado entre los distintos campus de la UdeG en los días recientes, está dirigido a la rectora Karla Planter y al gobernador Pablo Lemus.

Contiene seis puntos principales con demandas específicas para mejorar la gobernanza, la gratuidad, la infraestructura, y garantizar los derechos y la seguridad de la comunidad estudiantil.

Pide la reforma a la Ley Orgánica de la UdeG porque la actual no garantiza la democracia, la gratuidad de la educación pública ni los derechos de los estudiantes, trabajadores y académicos.

Pide que ni la FEU ni los sindicatos de trabajadores y académicos “que no representan los derechos de la comunidad universitaria” sigan participando como integrantes del CGU, pues sus decisiones sólo responden a los intereses de la cúpula universitaria.

El pliego exige el reconocimiento de las asambleas estudiantiles que se realizan en los espacios universitarios como una representación real, democrática y transparente de la comunidad, con espacios libres de violencia para realizar sus actividades políticas y no en la calle, como ha ocurrido varias veces en las dos semanas recientes.

Dijeron aspirar a la gratuidad en la educación en su máxima expresión, que garantice el ingreso y la permanencia de los estudiantes, con medidas como la eliminación de cuotas y pagos obligatorios, eliminación de exámenes de selección, becas de manutención, transporte universitario seguro y gratuito, rehabilitación de centros y escuelas, equipamiento tecnológico, comedores subsidiados y el respeto al derecho a huelga sin criminalización.

Además el pliego pide castigo a “los autores materiales e intelectuales de la represión estudiantil” los días 10 y 11 de septiembre pasado, entre ellos Erika Loyo Beristáin, quien ejerce como defensora de los Derechos Universitarios; César Barba Delgadillo, secretario general; Nallely Guadalupe Robles Ortiz, secretaria administrativa del campus de Ciencias Sociales y José Antonio González Orozco, jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas del Tecnológico de la UdeG.