Ciudad de México. Luego de reunirse con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, expuso que luego de la elección judicial se debe asumir las enseñanzas que dejaron los comicios y “tomarlas en cuenta para proponer la modificación de leyes”. Confió en que se superarán “todos los errores que se cometieron o todas las cosas que no están bien hechas por algún motivo en la ley”, pero apuntó que la complejidad de la elección seguirá siendo la alta cantidad de puestos a elegir.

Consultado sobre la posibilidad de diferir las elecciones judiciales de 2027 para que no se empalmen con las elecciones intermedias, dijo que se deberá analizar pero no es tema que esté cerrado y “al contrario, estamos abriéndolo…. existe cualquier posibilidad mientras no estamos todavía definiendo nada. Todo lo vamos a estudiar”.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, aseveró que hubo una “absoluta disposición” de los integrantes de la Comisión, con quienes coincidieron en los retos que dejó el pasado proceso electoral judicial.

“Identificamos, por supuesto, áreas de oportunidad que tendrán que ser atendidas en esta reforma. Hay que ver esta reforma como una oportunidad, como una oportunidad para México, para nuestro sistema electoral y, por supuesto, para fortalecer la esencia de la democracia, que es el poder de la ciudadanía a través del voto”, agregó. Además, recalcó que en el Tribunal Electoral tuvieron que “hacer un esfuerzo de interpretación para poder aterrizar en el marco de la Constitución y de las leyes que nos obligan lo que fue la reforma judicial”.

Al encuentro acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es parte de esta Comisión. Asistieron seis de los siete integrantes de la Sala Superior, con excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Luego de poco más de hora y media de reunión en la sede de Gobernación, Pablo Gómez fue consultado en entrevista sobre las constantes referencias que han hecho los magistrados electorales, entre las que han expuesto contradicciones en las metodologías para validar las candidaturas en el proceso electoral judicial, y temas que no fueron previstos en la reciente legislación.

Al respecto, indicó que “obviamente que hay que hacer la revisión completa de las leyes. Y esto abarca también la elección de los jueces, magistrados y de ministros. Y este es un proceso nuevo del cual se derivan muchas enseñanzas. Y esas enseñanzas tenemos que asumirlas, tomarlas en cuenta para proponer la modificación de leyes”.

Acotó que “no podemos garantizar que todos los puntos se vayan a corregir. Muchos de ellos no dependen de lo que dice la ley, sino también de ciertas prácticas administrativas que en su momento tendrán que ser superadas. Es complejo el procedimiento de de elección de jueces, no en sí mismo, sino por la gran cantidad de puestos que hay que elegir al mismo tiempo. Entonces, hemos ido a la mitad solamente del poder judicial, de la federación y de los poderes locales, y ahora falta la otra mitad. Y eso va a ser, obviamente, pues, un nuevo esfuerzo, y yo creo que todos los errores que se cometieron o todas las cosas que no están bien hechas por algún motivo en la ley serán superadas. El problema está en que la complejidad de la elección va a seguir siendo muy alta por la enorme cantidad de puestos”.

El presidente de esta Comisión presidencial detalló que entre los temas que les interesa dialogar con los magistrados se encuentra el fortalecer el sistema probatoria en materia electoral, así como los casos de actos anticipados de campaña.

Añadió que “los actos anticipados de campaña tienen que ser vigilados por la autoridad. Y eso seguirá. La forma de regularlo es lo que tiene que ser discutido… no se puede permitir que una fuerza política empiece una campaña un año antes que las demás, violando la ley”.

También reveló que en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabezó anteriormente, hay denuncias e indagatorias en proceso de los movimientos en efectivo de cuentas hechas por candidatos o personas allegadas a ellos.