Es tal el proceso de deterioro que Chihuahua experimenta en varios aspectos que ni siquiera las decenas de millones de pesos pagados a algunos medios de comunicación por el gobierno del estado lo pueden ocultar. Vaya un somero recuento:
La inseguridad pública sigue golpeando a las y los chihuahuenses. Tan sólo del 1º al 6 de septiembre se contabilizaron 26 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, luego de que Chihuahua ocupó el primer lugar nacional en este delito en julio, y de enero a junio totalizó 887 casos. En el mismo periodo ocupó el segundo lugar nacional en feminicidios, con 21 casos, y el primer lugar en mujeres víctimas de secuestro, con 22, además de ser el tercer lugar nacional en violación simple y equiparada, con 793 casos, pero el primer lugar nacional en violaciones por 100 mil habitantes. Las ejecuciones, desplazamientos forzados y desapariciones se multiplican desde la sierra hasta los desiertos del noreste de la entidad. Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las mujeres y sigue ocupando uno de los primeros cinco lugares nacionales en delitos de alto impacto.
Para nada ha servido la Plataforma Centinela, el único recurso que al gobierno del estado se le ocurrió para atacar las manifestaciones, que no las causas de la inseguridad, con un costo de 4 mil 700 millones de pesos para el erario. La construcción de la Torre Centinela está muy retrasada y varios de los arcos electrónicos detectores instalados en diversos puntos de la entidad han sido destruidos descaradamente por los malandros.
A pesar de estar desbordada en este aspecto, la gobernadora fue la única que no se hizo presente en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la presidenta Sheinbaum e integrado por todas las gobernadoras y gobernadores el pasado 1º de septiembre, en la que acordaron homologar la estrategia de seguridad. Además, ha faltado a 70 por ciento de las reuniones de la mesa de seguridad pública en la que se coordinan los gobiernos federal y del estado.
Aunque a escala nacional hay una ostensible disminución de la pobreza, según dio a conocer el Inegi recientemente, en Chihuahua no hay mucho que celebrar, pues luego de indudables avances entre 2018 y 2022, hubo estancamiento e incluso retroceso en varios aspectos. La pobreza extrema aumentó en 7 mil chihuahuenses y se descendió tres lugares de menor a mayor. En pobreza multidimensional, el estado cayó del lugar 4 al 7. En sólo dos años se agregaron 33 mil personas más a la carencia por rezago educativo, y Chihuahua cayó cuatro lugares.
Lo peor fue en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y calidad: todas las entidades federativas redujeron esta carencia entre 2022 y 2024, excepto Chihuahua que la aumentó en 14 mil personas y pasó del primero al séptimo lugar nacional. La entidad también cayó varios lugares en ingreso promedio mensual y 58 mil chihuahuenses más resultaron vulnerables por carencias sociales de 2022 a 2024. Las políticas sociales del gobierno del estado se han enfocado al asistencialismo, al reparto de cosas y no a la cobertura de los derechos sociales fundamentales.
Por si fuera poco, el brote de sarampión que hubo en Texas hace varios meses se expandió a Chihuahua, ahora principal foco de la epidemia, que ya ha causado 14 decesos y más de 3 mil 500 contagios, 95 por ciento de los casos a escala nacional, sin que las autoridades de salud puedan controlar el mal con eficacia.
El desempleo se cierne sobre el estado y no sólo por la política arancelaria de Trump: Ciudad Juárez ha perdido más de 94 mil puestos de trabajo desde 2023, y la inversión extranjera directa en Chihuahua va a la baja desde ese mismo año, a pesar de los innumerables viajes de la titular del Ejecutivo estatal “para atraer inversiones”. Las finanzas públicas permanecen en la opacidad, el endeudamiento del estado sigue aumentando y la obra pública no aparece por ningún lado.
Ignorantes de todo lo anterior o tal vez urgidos por encontrar abanderados para su partido, hace dos semanas estuvieron en Chihuahua el dirigente blanquiazul Marco Zepeda y el senador Ricardo Anaya. Ambos alzaron el brazo de María Eugenia Campos y la proyectaron como una de sus posibles candidatas a la Presidencia de la República en 2030. Presta les respondió la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también de gira por Chihuahua, haciendo un análisis crítico de la administración de Campos Galván y resaltando que “ha sido una tapadera para las corruptelas de César Duarte”. A pesar de que los medios pagados hicieron todo lo posible por silenciar esta afirmación, circuló profusamente en las redes sociales.
Este aquí y ahora problemático y doloroso para miles de chihuahuenses es negado o pasado por alto por muchos actores políticos. En una adelantada campaña para las elecciones a la gubernatura en 2027 prefieren prometer porvenires luminosos y lanzar soluciones de eslogan que realizar análisis serios y elaborar propuestas de políticas eficaces y comprometidas para resolver lo que aqueja a la ciudadanía norteña. El mundo del espectáculo político se divorcia del mundo social cotidiano.
