Ciudad de México. El presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia contra las Mujeres de Sacaba, Bolivia, ordenó este viernes la inmediata libertad de la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez, en el caso que se sigue en su contra por los delitos de genocidio y genocidio en grado de tentativa, por los que la Fiscalía le solicitaba 30 años de prisión, informó el medio RT.
Áñez permanece en prisión desde marzo de 2021, cuando fue detenida en la ciudad de Trinidad y enviada a la prisión de Miraflores, en La Paz. Ha estado acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración y genocidio, entre otros, por los hechos que tuvieron lugar a finales de 2019.
La orden de puesta en libertad emitida este viernes aclara que esta medida se debe cumplir "siempre que no estuviese detenida por otra causa la acusada", por lo que por el momento deberá seguir recluida, ya que en junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Procesada por golpe de Estado y represión de protestas
Áñez, quien se posesionó “ilegítimamente” tras el derrocamiento de Evo Morales, ha enfrentado procesos penales relacionados con los sucesos acaecidos entre septiembre y diciembre de 2019.
Uno de los más importantes, denominado caso Senkata, se refiere a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Senkata, Huayllani (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Betanzos (Potosí), donde se produjeron 36 fallecidos y más de 800 heridos por la represión de las fuerzas del orden.
También se registraron detenciones arbitrarias, torturas y represión de la libertad de expresión y reunión, según investigaciones de la Defensoría y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Áñez había llegado al poder en noviembre de 2019, después de la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, debido a la presión del Ejército. Se proclamó presidenta interina de forma “ilegítima” tras la renuncia de todos los cargos del Movimiento al Socialismo (MAS), la formación de Morales, que la antecedían en el orden de sucesión presidencial.
Pese a que había asumido el mando del país con la premisa de convocar a nuevos sufragios, sorprendió con el anuncio de su candidatura presidencial. Sin embargo, en medio del desplome de su popularidad retiró la nominación en septiembre de 2020.
