La autoimpuesta ex mandataria permanecerá en prisión por la sentencia de 10 años que pesa en su contra desde 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

El GIEI, conformado a instancias de la CIDH, responsabilizó a ambos gobiernos por la violencia tras las elecciones de 2019, que dejó 38 muertos.

"Se ha descompensado, los médicos van a informar de esa situación", dijo la gobernadora de la cárcel de mujeres de La Paz, Karina Figueroa.

El fiscal Harold Jarandilla acuso a la ex presidenta de usar a las fuerzas de seguridad para presionar la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.