Toluca, Méx. Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso penal a Omar “N”, ex jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TRIJAEM) quien presuntamente está involucrado en el traspaso ilegal de 32 millones de pesos de recursos públicos a diversas cuentas de terceros realizadas en diciembre del 2023.

El juez adscrito al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde fue recluido el ex funcionario del TRIJAEM, impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes, el cual vence el 28 de septiembre de 2025.

De acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía mexiquense, esta persona, valiéndose de las facultades y del acceso que le habían conferido para la administración de los recursos financieros del Tribunal, dispuso indebidamente de los mismos para realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros.

Para realizar los traspasos Omar “N” habría utilizado el dispositivo físico de autenticación “token” a su cargo para realizar en línea, con cargo a la cuenta de la institución, 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin que de las investigaciones se hubiera advertido justificación alguna para ello.
Con los declaraciones recabadas, el Ministerio Público estableció que los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea, fueron en su momento asignados al entonces director de administración, identificado como Tomás D.L. y a Omar “N”, dicha práctica se debe a que los dispositivos se complementaban entre sí para materializar transferencias.

La investigación también arrojo que tres días después de los traspasos, es decir, el 4 de diciembre de 2023, ejecutivos de cuenta del banco responsable de las cuentas del TRIJAEM, acudieron al Tribunal con el propósito de que conjuntamente con el ahora imputado se llevaran a cabo “pruebas” con la banca en línea, “motivo por el cual Omar “N” solicitó a Tomás D.L., le facilitara el dispositivo “token” a su cargo, pues la ejecutiva del banco le informó que su token estaba bloqueado.

“Maribel me pidió que acudiera con el director de administración  Tomás D.L. para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos… me trasladé a la oficina del director, le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”.

En su declaración ante el ministerio público, Tomás D.L. aseguró cuando fue a la oficina del ahora imputado se percató que estaban haciendo uso del token para ingresar a la banca en línea y “aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, siendo de estas últimas 26 transacciones con el concepto traspaso entre cuentas, las cuales sumaban 22 millones 482 mil 329 y tres transacciones más por concepto pago de servicios  que sumaban 10 millones”.

Todas las operaciones se realizaron el 1 de diciembre del 2023 entre las 12 del día y las 14 horas con 14 minutos “y ninguna fue autorizada por el token del director”

El mismo 4 de diciembre, personal del TRIJAEM presentó la denuncia correspondiente y aportó documentales, a la par,  inició una inconformidad ante el banco en la cual solicitaron la restitución de los recursos, por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos, lo que hizo el banco en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.

La Fiscalía aclaró que aún cuando los recursos fueron restituidos, el Ministerio  Público  investiga la posible comisión de otros delitos relacionados con la apropiación indebida del dinero en cuestión.

La Fiscalía recalcó que continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas bajo cualquier forma de autoría o participación, incluidos quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos ya sean personas servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros, para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades.