León, Gto. El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (CONSAINCEG), que decidió el destino de casi 38 mil millones de pesos, es un “consejo de compadres panistas” y, aunque la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, presume que hay transparencia, reservaron las actas del organismo, recriminó la diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo.

“Las actas donde deberían rendir cuentas están reservadas, eso ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido con el Fidessseg -fideicomiso que se nutría con el 0.3 por ciento del impuesto a la nómina- con el pretexto ridículo de que informar pone en riesgo al estado, ¿de qué habla la gobernadora?”, manifestó.

Que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo reservara las actas del CONSAINCEG, integrado por empresarios y autoridades estatales, “no es transparencia, eso es un descaro”, consideró la morenista.

Es una burla para los guanajuatenses que hayan gastado discrecionalmente y en lo oscurito casi 38 mil millones de pesos del impuesto a la nómina y del cedular, de los ejercicios fiscales del 2019 al 2024, reprochó Aguilar Castillo.

“Seguro de ahí salió para pagarle la vida millonaria de magnate que tiene (el exgobernador) Diego Sinhue, en el acuerdo que se debe haber hecho para que ahora viva en Texas”, valoró.

El decreto del Consejo Consultivo obliga al organismo a informar y a rendir cuentas a la sociedad sobre la aplicación del recurso, “pero aquí se hace exactamente todo lo contrario”, lamentó.

Una parte del recurso del Impuesto a la Nómina se usó para nutrir al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg), donde la Auditoría Superior del Estado encontró “un cochinero”, recordó.

“Del Fidesseg, millones entregados a empresas ligadas a las de (Vicente) Fox, a las de (Jesús) Oviedo (exsecretario de Gobierno), a los amigos del PAN y más de 200 millones de irregularidades, que la Auditoría, después de años, nos dio la razón”, expuso.

El dinero de los impuestos a la nómina y cedular no es de los empresarios que forman parte del Consejo Consultivo, ni de los políticos; es del pueblo, pero “los panistas no se cansan de robar”, reprochó.

“La gran pregunta es: ¿por qué solo esos consejos empresariales deciden el destino de los recursos si no representan a todo el Estado? Y algo más grave también, ¿por qué los miembros de ese consejo no se pronuncian para que se transparente el uso de los recursos?”, cuestionó.

Por más que se pidan auditorías, que se pida una rendición de cuentas, no pasa nada; lo único que queda es hacer la denuncia pública, concluyó.

Reservan información sobre impuestos administrados por el Consejo

El CONSAINCEG está integrado por los consejos empresariales de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende, así como por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y autoridades estatales.  El Consejo es presidido por el gobernador en turno.

Aunque el decreto que dio vida al Consejo estipula que deben "informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones" e "impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas", no se ha rendido un informe sobre el uso de los impuestos de los ejercicios fiscales del 2019 al 2024, de la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Incluso, la presidenta del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, Aura Fabiola Romero Fonseca, así como los vocales, Rocío Sandoval Galván y Jorge Antonio García, clasificaron como reservadas las actas de los acuerdos del Consejo con el argumento de que la difusión de la información “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado al verse comprometida la ejecución de estas”.

El 22 de noviembre del 2028, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez reformó el decreto del CONSAINCEG para que pasara "de ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”.

Una parte de los impuestos se destinó al “estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa, capacitación”, es decir, para apoyar a los empresarios.