Ciudad de México. A casi 24 años del asesinato de la abogada y activista Digna Ochoa, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) no ha sido cumplida por el Estado mexicano: de las 14 medidas de reparación ordenadas, sólo una ha sido ejecutada, denunciaron familiares y organizaciones defensoras de las garantías fundamentales.

Por ello, exigieron a las autoridades mexicanas el cumplimiento de la sentencia emitida hace cuatro años por el tribunal internacional.

Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), advirtió que de las 14 medidas dictadas por la Coridh, sólo una ya fue ejecutada, que es el acto de reconocimiento y responsabilidad internacional y la petición de disculpas del Estado mexicano hacia la familia de la defensora, en octubre de 2022.

Señaló que 13 medidas de reparación están en supervisión de cumplimiento. No obstante, algunas “nunca” han sido sometidas al diálogo bilateral y no tienen ningún avance a la fecha.

Apuntó que todas las medidas dictadas en la sentencia están fuera de los plazos que la Corte Interamericana estableció inicialmente.

“La Corte no sólo dictamina las medidas, sino que además le pone un plazo de cumplimiento al Estado; todos esos plazos se encuentran vencidos, algunos casi en el doble del tiempo que la Corte dispuso”, subrayó.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la abogada detalló que de las 14 medidas de reparación, cinco corresponden a la reparación individual de la familia de la activista, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho, en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.

En tanto que las nueve restantes, responden a la necesidad de generar cambios estructurales para la no repetición de hechos como este asesinato. De estos puntos, ocho están “en absoluto incumplimiento” y una de ellas de manera parcial, puntualizó Sánchez.

Jesús Ochoa, hermano de Digna, reprochó que las investigaciones no avancen, como estableció la sentencia de hacerlo de manera exhaustiva. Además demandó que se investigue a los ex funcionarios responsables en ese entonces de las indagatorias, particularmente a Renato Sales Heredia, quien en diciembre del 2021 “fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado”.

También pidió se investigue a los ex funcionarios Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo y Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“La familia Ochoa y Plácido pedimos públicamente a las autoridades la investigación, porque prácticamente está igual que cuando comenzamos en 2001. No hay ningún avance, hay mucha omisión”, reclamó.

Soledad Sánchez destacó la importancia de que sean acatadas las medidas, ya que nueve de ellas tienen un alcance para “generar cambios estructurales y desarticular la impunidad” sobre los ataques en contra de personas defensoras en el país.

Entre estás, dijo, la adopción de un protocolo federal de investigación de estos crímenes y ataques, así como la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección a personas defensoras y periodistas.

Al respecto, Saulo Loya, integrante del Espacio OSC que agrupa a diversas organizaciones de derechos humanos, indicó que desde 2016 han sido asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas. Además, dijo, 47 por ciento de los ataques han sido perpetrados por funcionarios públicos.

Asimismo advirtió que “persisten retos” en el Mecanismo Nacional de Protección, ya que entre enero de 2023 y julio de 2025, se rechazaron el 68 por ciento de las solicitudes de defensores, y el 45 por ciento de periodistas para ser incorporados.