La Ley General de Infraestructura para el Bienestar es una oportunidad para transformar la infraestructura del país con enfoque social, justo y sostenible, reconociendo al sector privado como aliado estratégico, señaló la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).

En conferencia, el presidente del organismo Luis Méndez Jaled, subrayó que la ley busca ampliar la inversión y elevar los estándares de calidad mediante proyectos mejor planificados, transparentes y con beneficios sociales y ambientales medibles. “La infraestructura debe garantizar derechos, proteger el medio ambiente y cerrar brechas sociales. Reconocemos el enfoque de la Ley y reafirmamos nuestro compromiso para que las empresas constructoras sean parte fundamental de esta transformación”, dijo. 

Méndez Jaled comentó que la ley exige innovación y preparación técnica, y representa una oportunidad para consolidar la participación privada, fortalecer la competitividad de las constructoras y mejorar la colaboración público–privada.

La CMIC señaló que buscará que se realice un Parlamento Abierto que escuche a todos los actores del ciclo de infraestructura; se porten diagnósticos y experiencias técnicas en certificación de empresas, sostenibilidad e infraestructura verde.

Además, también pidió que se cree un Instituto de Planeación para asegurar la continuidad de proyectos estratégicos.

El dirigente de Méndez Jaled concluyó que la colaboración público–privada es la mejor ruta para México, fortaleciendo la infraestructura, compartiendo riesgos, atendiendo necesidades del país y generando empleo.

“No se trata solo de construir, sino de construir mejor: con responsabilidad social, innovación y compromiso con el medio ambiente. Así, la Ley puede ser una palanca de desarrollo justo y sostenible para México”, indicó.

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