El gobierno de Oaxaca anunció ayer que serán reinstalados en sus cargos alrededor de 600 burócratas que faltaban de ser restituidos, de mil 344 que fueron despedidos en diciembre pasado cuando el Congreso local desapareció el mismo número de plazas tras un decreto enviado por el mandatario morenista Salomón Jara Cruz.

Los afectados señalaron que esta determinación “no nace de la justicia ni del respeto a la ley, sino de la desesperación de un gobernador (quien comenzó su gestión a finales de 2022) que ve inminente la derrota en la revocación de mandato, proceso al cual podría ser sometido al cumplir tres años en el cargo, y pretende frenar el repudio social que él mismo provocó”.

Al término de la conferencia que por lo general realiza lunes y martes en el palacio de gobierno, Jara Cruz dio a conocer dicha decisión. Señaló que quienes regresen a sus funciones conservarán su antigüedad y derechos.

Aseguró que en su administración siempre ha “reivindicado las causas legítimas y nunca seremos insensibles a la realidad social”; no obstante, hace nueve meses argumentó que la eliminación de estas plazas se debía a que no se contaba con los recursos para solventarlas.

En ese entonces, Jara recalcó que al suprimirlas el ahorro sería superior a 2 mil millones de pesos, y acusó a quienes las ocupaban de haberlas adquirido de forma ilegal.

Luego de reiteradas protestas y plantones de los cesados, el morenista afirmó ayer que “en medio de este proceso quedaron trabajadores y trabajadoras con méritos legítimos, trayectoria probada y derechos adquiridos, personas que son parte indispensable del servicio público y que hoy deben de estar de nuevo en su lugar cumpliendo su responsabilidad con la ciudadanía”.

Explicó que se reivindican los derechos laborales y sindicales, tal como lo hace la izquierda a nivel mundial; “este paso es posible porque somos un gobierno congruente con nuestra propia historia. Venimos, como yo decía, de la lucha social y siempre hemos caminado de la mano con las y los trabajadores”.

Los ex empleados destacaron que “el decreto 24 es un símbolo de arbitrariedad e impunidad. Se suprimieron plazas sin notificación, ni audiencia, se despojó a mil 344 personas de salarios, antigüedad (de más de 30 años) y seguridad social. Se afectó incluso a quienes por ley deberían estar protegidos: personas con discapacidad, en edad de jubilación o con enfermedades crónicas. La reinstalación que anuncia Jara es una maniobra política; no repara el daño, no corrige la injusticia y no borra la ilegalidad”.

Reprocharon que en este proceso fueron atacados y calumniados desde el poder, sobre todo por el consejero jurídico estatal, Geovany Vásquez Sagrero.

Recordaron que tras una serie de acciones lograron que se estableciera una mesa de atención y en consecuencia más de la mitad de los burócratas cesados fueron reintegrados hace unos meses; sin embargo, muchos consideraron que sólo se benefició a familiares y amigos de ex líderes sindicales, por lo que el resto de los perjudicados continuaron manifestándose.

La diputada federal oaxaqueña Margarita García García (PT) externó que la decisión de Jara Cruz, “no desactiva la lucha” de los ex trabajadores, pues todavía falta declarar la nulidad del “inconstitucional” decreto que justificó su cese, así como cumplir con el pago de salarios caídos y de prestaciones.

En entrevista, luego del anuncio del mandatario, la legisladora manifestó: “qué bueno que reculó; les hizo mucho daño no sólo por el despido, sino al quitarles la seguridad social”.

Agregó que se confirmó “la ignorancia del consejero jurídico del gobierno, que sólo le ha hecho daño a Oaxaca al prefabricar delitos y ese tipo de personajes el gobernador no los puede tener a su lado”.

Margarita García, quien asesoró a los despedidos, resaltó que “la presión siempre hace mella y hoy pues (el mandatario) se dio cuenta que tiene decir ‘me equivoqué’. Hoy reconoce que los trabajadores son parte fundamental del gobierno y estaremos atentos de cómo se estará dando este proceso”.