Buenos Aires. La Justicia argentina someterá a juicio político a la jueza Julieta Makintach, con el objetivo de determinar si incurrió en hechos delictivos al autorizar la filmación del proceso penal que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona.

En una audiencia realizada este martes, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires (este) aceptó la admisibilidad de la acusación, a pesar de que Makintach presentó tres recursos para suspender la instancia, según el canal local Todo Noticias​​​.

Asimismo, la Justicia determinó la suspensión de la magistrada, que pasará a cobrar el 40 por ciento de su sueldo.

El llamado Jury de Enjuiciamiento, cuya función es "investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores", buscará determinar si Makintach debe continuar en el ejercicio de su cargo.

La defensa de la funcionaria sostuvo que existe "nulidad absoluta del proceso", ya que "no se respetó el procedimiento de designación ni los plazos estipulados para reemplazar" a la jueza; además, señaló que el juicio es "parcial".

El caso de la muerte de Maradona, que Makintach tenía a su cargo, se anuló luego de que la jueza participara en el documental "Justicia Divina", que estaba siendo filmado en simultáneo al proceso.

La magistrada sostuvo que no intervino en ningún documental sino que brindó una entrevista antes del juicio, en un día no laborable.

La jueza también había autorizado el ingreso a la sala de audiencias de dos personas ajenas al proceso, para que filmaran el contenido de las audiencias, lo que está prohibido por el Código Procesal Penal argentino.

Según el diario local Clarín, la jueza señaló que la grabación del documental "no fue prohibida" y aseguró que los otros dos jueces que integraban el tribunal estaban al tanto de todo.

Tras ser removida, los jueces a cargo del proceso convinieron en declarar nulo el debate oral (etapa en la que se encontraba el juicio) y decidieron designar un nuevo tribunal a través de un sorteo.

El juicio, que había comenzado el 11 de marzo, tuvo 19 audiencias por las que pasaron 44 testigos.

Los siete acusados, todos profesionales de la salud que atendieron a Maradona en sus últimos momentos, enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, que en Argentina conlleva una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Entre septiembre y octubre comenzará un juicio por jurados populares para determinar las responsabilidades de una octava acusada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

Maradona falleció el 25 noviembre de 2020 como consecuencia de un edema agudo pulmonar, "secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según la autopsia.

Diecisiete de los 22 peritos que participaron de una junta médica que analizó las circunstancias de la muerte, concluyeron que el futbolista tenía múltiples patologías y que agonizó 12 horas antes de morir.