Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero lo llevará en libertad condicional, con las únicas medidas de no salir del país ni acercarse a los testigos de cargo.

El juez Enrique Hernández Miranda se negó a obligarlo a que se presente de forma periódica al considerar que como figura pública, el boxeador se expondría a ser acosado por los medios de comunicación.

Eso a pesar de que el delito de delincuencia organizada que se le imputa se encuentra dentro del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Además, según fuentes ministeriales presentes en la diligencia, la medida debe aplicarse en su literalidad, sin que haya lugar a interpretaciones.

La medida cautelar, decisión exclusiva del juez, puede ser apelada por el Ministerio Público Federal, ya que el magistrado sustentó su resolución en que “tenia domicilio fijo en el país, especificamente en Culiacán”, aunque fue detenido en Estados Unidos y estaba solicitando su residencia.

En paralelo, Chávez Jr enfrenta una investigación por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El juez Hernández Miranda consideró que las pruebas que presentó la Fiscalía especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) son suficientes para abrir un proceso penal, ya que coinciden con denuncias que se recabaron tanto en México como en Estados Unidos desde 2019 y se sustentan en testimonios con nombre, fecha y lugar que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

Audiencia de nueve horas

La resolución se dio durante su primera audiencia judicial, que se celebró mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, a solicitud de las autoridades penitenciarias para resguardar la seguridad del boxeador.

La audiencia duró casi nueve horas, tiempo en el que tanto el Ministerio Público Federal como la defensa del púgil presentaron sus argumentos.

El hijo del legendario campeón mundial de boxeo compareció con la misma ropa que llevaba el pasado 19 de agosto, cuando fue deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas: una camisa tipo polo moteada en negro, azul y blanco, pants oscuros y tenis rojos.

Estuvo acompañado por sus tres abogados defensores (Alejandra Payán Navarrete, Rubén y Marco Antonio), quienes argumentaron que, de los 21 datos de prueba que presentó la FGR, únicamente nueve lo mencionan de manera directa.

También se menciona que el boxeador golpeaba a quienes la facción de Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mantenían en cautiverio.

Como evidencia material, se presentó una de sus batas de boxeo en una propiedad cateada que pertenecía al Cártel de Sinaloa.