Ciudad de México. En su último informe de labores antes de dejar el cargo el 31 de agosto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que durante su gestión de casi tres años, el máximo tribunal enfrentó “uno de los contextos más complejos de su historia reciente”, y advirtió que el futuro del Poder Judicial de la Federación (PJF) dependerá de su autonomía.

En el documento de 563 páginas, Piña dedica un capítulo de 16 páginas a destacar el legado de la reforma judicial de 1994 impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo, que dio vida a la actual la Corte, pero que concluirá su ciclo a partir del 1 de septiembre con la entrada en vigor total de la reforma judicial de 2024, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Primero, Piña subrayó que en los últimos tres años de su gestión (enero 2023 a agosto 2025), además de la responsabilidad cotidiana de impartir justicia “con independencia, imparcialidad y eficiencia”, la Corte tuvo que “el Máximo Tribunal del país enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente… el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación”.

“A pesar de las complicaciones derivadas de este contexto, las personas servidoras públicas que forman parte de la SCJN trabajaron arduamente al servicio de la sociedad y de la impartición de justicia”, enfatizó.

El informe, publicado este jueves en la página de la Corte, detalla que, pese a las limitaciones de tiempo y recursos, se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la gestión sin comprometer la calidad jurisdiccional. Entre los asuntos resueltos destacan temas de seguridad, derechos humanos, división de poderes y control constitucional, reafirmando el rol del tribunal como árbitro de la vida democrática.

Piña situó este periodo en el marco histórico de la reforma constitucional de 1994, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, que redefinió al tribunal como órgano de control constitucional, redujo el número de ministros y fortaleció su papel en la defensa de los derechos humanos y el equilibrio entre poderes. Según la ministra, los efectos de aquella transformación siguen vigentes, al permitir construir un tribunal con legitimidad democrática capaz de responder a los retos de un país en constante cambio.

Finalmente, la ministra presidenta advirtió que el futuro del Poder Judicial dependerá de mantener los principios de autonomía, imparcialidad y respeto al Estado de derecho, y concluyó que será la sociedad, y no el poder político, la que juzgará la solidez de las instituciones y el legado del modelo judicial inaugurado en 1994.

El próximo 26 de agosto, Piña ofrecerá un resumen del informe de gestión, de 563 cuartillas. También presentarán sus informes los presidentes de la Primera y Segunda Sala, Loretta Ortiz Ahfl y Javier Laynez Potisek, antes de que dichas salas desaparezcan el 31 de agosto por la reforma constitucional en materia judicial.