En Estados Unidos se cocina una rebelión en la granja por las autoritarias cuan amenazantes e ilegales disposiciones de Donald Trump en contra de las entidades federadas de aquel país, y muestra de ello es la más reciente decisión de 20 fiscales generales de ellas, que optaron por demandar al gobierno del hombre naranja por “condicionar indebidamente cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las víctimas de crímenes” a cambio de la “cooperación” obligatoria en el control migratorio.
En tan sólo siete meses de estancia en la Casa Blanca, el índice de aceptación interna de Trump ha caído entre propios y extraños, y no pocos se muestran verdaderamente enfadados, por decirlo suave, por las imposiciones de ese personaje en su aún joven segundo mandato. “Las evaluaciones públicas de su desempeño se han vuelto más negativas, y su aprobación se sitúa en 38 por ciento, contra 60 por ciento de desaprobación, y ahora menos estadunidenses le atribuyen varias características personales positivas que durante la campaña”, de acuerdo con una reciente encuesta del Pew Research Center.
La Jornada informó que la decisión de esos 20 fiscales generales “se produjo mientras la Casa Blanca intensificó su ofensiva antinmigrante, tras anunciar que buscará opiniones ‘antiestadunidenses’, incluso en los perfiles de redes sociales, para decidir si una persona tiene derecho o no a vivir en el país”. Exceso tras exceso, “la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro para que el sol lo caliente y sea ‘más difícil de escalar’, como lo ordenó Trump, en el contexto de su estrategia para fortalecer la seguridad limítrofe”.
El caso presentado por los fiscales de 20 estados –entre ellos California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island– “busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que congelen fondos a las entidades que se nieguen a aplicar la política migratoria impulsada por la administración Trump, al afirmar que excede su autoridad constitucional y administrativa”.
Ante tal panorama, el propio Pew Research Center levantó una encuesta y sus resultados son claros: “A medida que la administración Trump intensifica la aplicación de leyes migratorias en todo el país, los estadunidenses ofrecen opiniones mixtas y negativas sobre algunas de sus acciones más destacadas. Por ejemplo, la opinión pública está dividida sobre el uso de las fuerzas de seguridad estatales y locales en los esfuerzos de deportación (50 por ciento lo aprueba y 49 por ciento lo desaprueba) y sobre ofrecer dinero y fondos de viaje a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos si se van voluntariamente del país (49 por ciento lo aprueba y 50 por ciento lo desaprueba)”.
El citado centro de investigación revela que 60 por ciento de los estadunidenses “desaprueban la suspensión de la mayoría de las solicitudes de asilo (39 por ciento la aprueban), y 59 por ciento desaprueban poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos escapando de la guerra u otros desastres en su país (39 por ciento lo aprueban)”.
Algo más: 54 por ciento de los encuestados desaprueban el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares donde pueden estar trabajando personas que no tienen documentos en Estados Unidos (45 por ciento lo aprueban). “El enfoque general de la administración Trump hacia la inmigración se percibe más negativa que positivamente, con 42 por ciento a favor y 47 por ciento en contra. Sin embargo, estas evaluaciones, así como las opiniones sobre políticas específicas, se dividen en gran medida según líneas partidistas: los republicanos apoyan ampliamente la medida y los demócratas se oponen”.
A los encuestados se les solicitó evaluar el impacto económico de la política antimigratoria de la administración Trump: “Los estadunidenses son más propensos a decir que esperan que ellas cuesten dinero a los contribuyentes (53 por ciento) en lugar de ahorrarles dinero (29 por ciento), y un mayor número afirma que estas políticas debilitarán la economía del país (46 por ciento) en lugar de fortalecerla (34 por ciento). Aproximadamente dos de cada 10 (19 por ciento) afirman que no tendrán un gran impacto en la economía. La mitad afirma que la estrategia gubernamental para deportar a inmigrantes es demasiado descuidada”.
Las rebanadas del pastel
El objetivo gringo con su amenaza militarista en contra de Venezuela no es Nicolás Maduro ni el “combate al narcotráfico”. Simple y llanamente es el petróleo.
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