Querétaro, Qro., Con un llamado urgente a la no revictimización, a la eliminación de obstáculos burocráticos y a garantizar una búsqueda efectiva y sin fronteras, colectivos de madres buscadoras se reunieron en un conversatorio realizado en la 61 Legislatura del estado de Querétaro.

En el evento participaron familiares de personas desaparecidas e integrantes del colectivo Luciérnagas Buscadoras, quienes denunciaron la inoperancia de las autoridades, la falta de coordinación entre entidades federativas y la revictimización sistemática que enfrentan tanto las víctimas como sus familias. 

En un ambiente cargado de testimonios y exigencias, reclamaron la omisión de las instituciones encargadas de la localización de personas y la aplicación deficiente de las leyes existentes.

Testimonios que duelen

Gabriela Alonso compartió la experiencia de su familia en la búsqueda de su hermano, quien fue localizado sin vida en un Servicio Médico Forense (SEMEFO) del Estado de México. Lamentó que la activación del protocolo de búsqueda se diera de manera tardía, y que sólo tras el cierre de la Fiscalía de la Ciudad de México se logró avanzar en el caso.

“Si el protocolo se hubiera activado a tiempo, tal vez mi hermano estaría vivo”, expresó con voz firme.

Martha Miranda Franco, madre de Javier, denunció las barreras que enfrentan las familias al intentar denunciar una desaparición, especialmente cuando no residen en el lugar de los hechos. Aseguró que la Fiscalía ha sido omisa y poco eficaz, y criticó la revictimización que enfrentan las madres buscadoras por parte de las instituciones.

“Veracruz ocupa el cuarto lugar en desapariciones”, puntualizó, al tiempo que convocó a articularse con organizaciones internacionales para visibilizar y combatir la crisis.

Autoridades rebasadas; familias que buscan 

Rocío Méndez Chávez, quien lleva siete años buscando a su hija Sofía, denunció la falta de información, el desinterés de las autoridades y la carga emocional que implica para los familiares asumir tareas que deberían realizar las instituciones encargadas.

“No es una lucha política. Es una lucha por dignidad, por el derecho a que nuestros seres queridos sean buscados y encontrados”, señaló.

Méndez también alertó sobre las trabas que impone el estado de Querétaro a las buscadoras de otras entidades, lo que, dijo, dificulta aún más las labores de localización y refleja una falta de compromiso con la crisis nacional de desaparecidos.

Otro de los testimonios más impactantes fue el de Antonia Cabrera, hermana de Ricardo Cabrera, desaparecido en Nuevo León. Denunció el nulo respaldo de las autoridades locales, el hostigamiento de policías municipales durante las investigaciones y la inacción de la Comisión Nacional de Búsqueda. También advirtió sobre la discriminación que enfrentan personas indígenas y adultos mayores al intentar acceder a las instituciones de justicia.

En el conversatorio, el sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, conocido como "el Padre Guerrero", dijo que "los colectivos que buscan personas desaparecidas son como profetas; interpelan al Gobierno, a las autoridades religiosas y a la sociedad civil”.

Un llamado a la acción

El conversatorio concluyó con un llamado contundente a construir redes de apoyo entre familias, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil. Exigieron reformas legales que garanticen una búsqueda oportuna, sin simulaciones, y con una participación activa de los estados en la protección de los derechos humanos.

Los colectivos insistieron en que la crisis de personas desaparecidas en México no puede seguir enfrentándose con indiferencia institucional y burocracia, sino con voluntad política, sensibilidad social y una verdadera perspectiva de derechos humanos.

Al final del conversatorio, un familiar de una víctima desapareció interpretó una melodía en la cual externó  su sentir y reflexiones sobre la triste experiencia de tener que buscar a un ser querido que desapareció.