Washington. El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo este viernes con las autoridades de Washington sobre el control de la fuerza policial de la capital estadunidense para, según el presidente Donald Trump, combatir el crimen violento.
El acuerdo fue producto de una audiencia en una corte federal celebrada después de que el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, demandara a la administración de Trump por lo que llamó una toma de control "hostil" del cuerpo policial de la ciudad.
En la audiencia este viernes por la tarde, la jueza de distrito Ana Reyes pidió a ambos bandos llegar a una solución, y acordaron que el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, en lugar de asumir el control directo de la MPD, diera sus directrices "a través del alcalde".
"El Sr. Cole no podrá ordenar a los funcionarios del departamento de policía que hagan nada", declaró Reyes.
Schwalb acogió el acuerdo en una conferencia de prensa tras la audiencia. "Espero que el asunto clave con respecto al control y dirección de nuestro MPD se haya resuelto hoy, y que esté claro que en materia legal está bajo el jefe de policía nombrado por el alcalde", indicó.
"No necesitamos una toma hostil por parte del gobierno federal para hacer lo que hacemos todos los días", agregó.
Esta semana, el mandatario republicano colocó a la policía metropolitana de la capital bajo el control del gobierno federal y envió a la Guardia Nacional a las calles de la ciudad.
Luego la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden para designar Cole, como comisionado policial de "emergencia".
En respuesta a la decisión de Bondi, el fiscal Schwalb, pidió una orden de restricción temporal de la medida y solicitó a la Corte declarar que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad sobre el Distrito de Columbia.
Estatus especial
A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso control extraordinario sobre los asuntos locales.
Desde mediados de la década de 1970, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.
