Romita, Gto. El presidente municipal de Romita, Pedro Tanamachi Reyes, debe ofrecer una disculpa pública y otorgar una compensación económica a las familias de dos hombres y una mujer que fueron arrestados por la policía y posteriormente fueron encontrados sin vida, determinó la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Karla Alcaraz Olvera.

El 19 de febrero del año 2023, Daniela Castro, de 27 años de edad; Juan Pablo Vargas, de 29 años; y Carlos Esteban Rocha, de 25 años, fueron arrestados por la policía de Romita después de participar en un accidente vial.

El entonces alcalde priísta, Oswaldo Ponce Granado, declaró en el expediente de queja 0360/2023 que Juan Pablo y su esposa Daniela, así como Carlos, fueron llevados a barandilla y posteriormente fueron liberados al pagar una multa, señala el expediente de Derechos Humanos.

El padre de Daniela declaró que cuando fue a preguntar por su hija y su yerno, un policía le respondió “que él no sabía y que ya habían ido por ellos; yo seguí insistiendo en que nos dijera quiénes se los habían llevado”.

En el arresto intervinieron tres policías y el comisario y para la Prodheg existió desaparición forzada, porque de acuerdo con testimonios de un policía y dos testigos, “no hubo motivo justificado para la detención”.

Agrega que el primero en ser detenido fue Juan Pablo y después arrestaron a los demás cuando fueron a barandilla a tratar de pagar la multa.

Las autoridades señaladas no registraron el ingreso y la salida de los detenidos, ni documentaron los datos de la persona que se presentó a barandilla para pagar las multas y llevarse a las víctimas, destacó.

El comisario de la policía, Roberto López Valadez, y los elementos Casimiro, César y Roberto omitieron salvaguardar los derechos humanos a la libertad, a la seguridad, a la integridad, a la personalidad jurídica, a la identidad, a la verdad y a la vida, constató Derechos Humanos.

La procuradora de Derechos Humanos emitió seis resolutivos de recomendación dirigidos al actual alcalde -del PAN- Pedro Tanamachi Reyes, para que otorgue una compensación económica, pida una disculpa pública, inicie una investigación, otorgue atención sicológica e integre una copia de la resolución al expediente de los responsables.

“Se instruya a quien legalmente corresponda para que se imparta una capacitación a las autoridades responsables, y se remita una copia de esta resolución al área de capacitación; de acuerdo con lo señalado en la presente resolución”, señala.

Cabe recordar que en marzo de 2023, el director de seguridad de Romita y tres policías fueron vinculados a proceso penal por la desaparición forzada de Daniela, Juan Pablo y Carlos Esteban.

La Fiscalía General del Estado acusó a los funcionarios de entregar a los jóvenes a un grupo criminal. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados cinco días después en una fosa clandestina.

En junio del 2025, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del juzgado penal de oralidad de la segunda región del estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a los ex policías y al ex director de seguridad.

Según el juez, la fiscalía no pudo comprobar que los jóvenes fueron entregados a un grupo criminal y que el director, Roberto López Valadez, había amenazado a Juan Pablo con “entregarlo a la maña”.

En ese entonces, la fiscalía señaló que tenía videos donde el director de seguridad y dos elementos más entregaban a los jóvenes a hombres armados.