El Gobierno israelí ha aprobado este lunes por unanimidad la destitución de la fiscal general, Gali Baharav Miara, en medio de las tensiones con el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y de las manifestaciones registradas en las últimas horas frente a la oficina del jefe de Gobierno en protesta por su cese.

El ministro de Justicia, Yariv Lenin, ha anunciado a través de un breve comunicado publicado en su perfil en la red social Facebook que "el gobierno ha aprobado por unanimidad" su propuesta de "terminar inmediatamente con el mandato de Gali Baharav Miara" como fiscal general.

Cabe mencionar que en la votación, en la que 22 ministros han votado a favor de la destitución de la fiscal general, no han estado presentes ni esta última ni el primer ministro, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, que pidió su destitución en noviembre de 2024, ha exigido el nombramiento "inmediato" de una sustituta al cargo, afirmando que no se puede "permitir que un vacío gubernamental se llene con un montón de interpretaciones jurídicas infundadas".

"El proceso que inicié hace unos nueve meses ha concluido. Más vale tarde (muy tarde) que nunca. Si fuera por mí, presentaría una acusación contra ella por fraude y abuso de confianza", ha añadido el titular de la cartera.

Tras ello, el partido opositor Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para bloquear la mencionada medida. "El Gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia, ha optado por renunciar al Estado de derecho, y nosotros hemos optado por luchar por él y la democracia", ha dicho la diputada Karine Elharrar.

El alto tribunal dictaminó recientemente que el gobierno no puede destituir de forma inmediata a la fiscal general, subrayando la necesidad de "tiempo suficiente para la revisión judicial" de la decisión. Por ello, su cese no entrará en vigor hasta que los jueces se pronuncien sobre la legalidad del proceso, que ha sido calificado por la propia fiscal de "ilegal".

El Gobierno de Netanyahu sostiene que la fiscal actúa por motivaciones políticas contra sus medidas, mientras que Baharav Miara denuncia que las autoridades actúan en violación de la ley y que su trabajo es presentar al Ejecutivo los límites de la ley "sin que constituyan diferencias de opinión ni motivos de cese".