Viernes 27 de junio 2025 a las 15:00
De acuerdo con el dictamen, se alcanzarían los 25 años y seis meses de prisión cuando participen servidores públicos o notarios que ayuden o colaboren en la inscripción de bienes que han sido arrebatados a su legítimo propietario y los pongan a nombre de la persona que incurrió en el despojo.
