Brillante, excepcional, elocuente, aguerrido y con alma de poeta, así era Gregorio, el joven maestro que creció en la Mixteca oaxaqueña.
Se forjó en las lides de la lucha estudiantil y magisterial. Dio su primera batalla con el movimiento de estudiantes rechazados que lograron ingresar al Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CREN). Su temple y lenguaje sencillo atrajeron a los jóvenes de su clase social; su habilidad fue mayor para tejer alianzas con organizaciones de base. Despertaba conciencias con su oratoria y tuvo la capacidad para trascender fronteras gremiales. Muy joven se incorporó al Partido Comunista de México Marxista-Leninista, que lo llevó a caminar en las montañas de Guerrero al lado de los pueblos y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
A Gregorio lo desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 1996. No llegó a la hora a la que puntualmente acostumbraba pasar por Norma Lorena, en las oficinas del IFE. Su esposa, durante un año, detectó que había gente que los seguía, que cerca de su domicilio los vigilaban. Ubicó los coches en que se desplazaban, sus horarios y hasta su desfachatez para entrar a su casa. Fueron muchos incidentes que Norma documentó, pero Gregorio no les prestó atención. Con la multiplicidad de actividades que desempeñaba como maestro y luchador social, no le daba la vida para detenerse a reflexionar sobre los riesgos que corría. De lunes a viernes viajaba a Cerro Pelón, en la sierra de Tlacotepec, para atender a sus alumnos y a su regreso programaba salidas a la Montaña.
Por su militancia partidista estableció vínculos con organizaciones sociales como el Consejo Guerrerense y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), lo cual lo colocó en la mirilla de los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército. Con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se dio una segunda oleada militarista. La masacre ordenada por Rubén Figueroa Alcocer, azuzado por el estratega de la contrainsurgencia Arturo Acosta Chaparro, atizaron la rebelión armada en las costas y la Montaña de Guerrero. En agosto de 1996, el presidente Ernesto Zedillo amenazó con aplicar toda la fuerza del Estado. El Ejército respondió reditando su estrategia bélica, no sólo en Chiapas contra los zapatistas, sino también en Guerrero y Oaxaca contra el EPR.
Ante el abandono de las comunidades indígenas de la costa oaxaqueña, Gregorio no sólo atendía a los niños en la escuela: también tuvo tiempo para conformar la Unión de Campesinos Pobres en Tututepec. Buscó alternativas para crear empleos y mejorar la producción de maíz y frijol. Aprovechó la experiencia de los artesanos de tejas para conformar una cooperativa que elevara los precios y abriera nuevas rutas para su venta. Con los pescadores de Chacahua vislumbró el potencial de su actividad pesquera. Los apoyó para adquirir lanchas y comerciar sus productos. Gregorio se dejó moldear por los saberes de la gente del campo y del mar.
Oaxaca lo llevó en su corazón, pero por las tareas de su partido se fue a Guerrero para vincularse con las organizaciones de base y articular acciones estratégicas para contener la ola represiva protagonizada por el Ejército. Varios luchadores sociales fueron encarcelados y trasladados a penales federales, con la intención de desactivar el malestar social que se propagaba en varias regiones del estado. El Ejército se desplegó en la Montaña y cercó comunidades indígenas como Temalacacingo, municipio de Olinalá. Instaló un cuartel para desmovilizar a la población y capturar a varios maestros y comerciantes señalados de pertenecer al EPR. En 1997 el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel S. Rodley, visitó Guerrero y escuchó más de 30 testimonios de tortura que señalaron al Ejército como el principal responsable.
La desaparición forzada del maestro Gregorio en Chilpancingo se dio tres meses después de la irrupción del EPR, cuando el Ejército tomó el control de las acciones represivas. Encarceló a los líderes más visibles del FAC-MLN, cercó a las organizaciones sociales más combativas y de manera selectiva desapareció a dirigentes que abiertamente denunciaban las atrocidades cometidas por los militares. Gregorio fue víctima del terror implantado por el Estado, que acalló voces discordantes y causó el mayor daño posible a sus familiares. El poder militar y sus órganos de inteligencia siguen intocados.
La perversidad del sistema fue dejar en la indefensión total a las víctimas: los agentes del Ministerio Público no integraron la carpeta de investigación; se mofaron de la esposa al comentarle que ya no sufriera, porque seguramente Gregorio andaba con otra. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no le dio importancia al testimonio de doña Norma ni dimensionó la gravedad de la desaparición de un defensor comunitario.
Para los visitadores de Derechos Humanos, los incidentes de seguridad que denunció no representaban un riesgo inminente; por eso sólo recomendaron que no salieran tarde de su casa y que no tomaran bebidas alcohólicas. No valoraron el contexto de violencia y criminalización que enfrentan los luchadores sociales de Guerrero. La responsabilidad de los funcionarios es grave, porque a los tres meses desaparecieron a Gregorio. La desesperación de doña Norma ante la indiferencia de las autoridades no le dejó otra alternativa que declararse en huelga de hambre junto con varios compañeros de lucha. A pesar de esta medida extrema, nada ni nadie movió el muro de la impunidad.
Han transcurrido 29 años de la desaparición de Gregorio y el gobierno de la 4T sigue negando que los agentes del Estado fueron los responsables de esta grave violación. El caso se ventiló ante la Comisión Interamericana en 1997. Tuvieron que pasar 28 años para que el Estado mexicano firmara un acuerdo de solución amistosa donde reconoce su responsabilidad por la desaparición forzada del maestro Gregorio Alvarado. Para doña Norma Lorena, lo que el Estado hizo no tiene perdón.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
