Washington. El gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a un tribunal federal de apelaciones que avale la decisión de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus legal temporal de más de 400 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Durante la audiencia ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, aseveró que un juez de primera instancia se equivocó al dictar que Noem carecía de autoridad para revocar de manera generalizada los permisos de permanencia otorgados bajo el programa de “libertad condicional” implementado por el ex mandatario Joe Biden.

La jueza de distrito de Massachusetts, Indira Talwani, bloqueó el pasado 14 de abril la decisión de Noem, al determinar que la revocación debía realizarse caso por caso. Ensign rechazó ese criterio y advirtió que la Suprema Corte suspendió la orden de Talwani el pasado 30 de mayo, lo que permitió que los retiros de permisos entraran en vigor mientras se resuelven las apelaciones.

Bajo la administración de Biden, a partir de 2022 se habilitó un programa para permitir el ingreso controlado de venezolanos por vía aérea, bajo condición de patrocinio financiero. En 2023, la medida se amplió a migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Ensign caracterizó como innecesario el programa y sostuvo que Noem tenía la base legal para terminarlo de forma categórica, en oposición al argumento del gobierno actual, que lo justificó por razones de seguridad fronteriza y eficiencia migratoria.

Los tres jueces del panel del Primer Circuito, nombrados por presidentes demócratas, se negaron en mayo a suspender el fallo de Talwani antes de la intervención de la Suprema Corte, al considerar que el gobierno no demostró que la revocación generalizada fuera legalmente sólida.

El juez William Kayatta admitió que el fallo sin fundamentos de la institución colocó al tribunal de apelaciones en una “situación inusual”. Sin embargo, cuestionó al abogado Justin Cox, representante de los migrantes, al señalar que la orden del Supremo podría indicar una baja probabilidad de éxito del caso ante instancias superiores.

Cox respondió que la falta de justificación escrita por parte de la corte era motivo suficiente para que el tribunal no asumiera ningún significado específico de la medida.