Chicago. Ovidio Guzmán López, El Ratón, se convirtió ayer en el primer hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en declararse culpable de diversos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego ante la justicia de Estados Unidos, y consiguió un acuerdo por el cual se comprometió a cooperar con el gobierno estadunidense y brindarle información sustancial, que incluso podría incluir declarar contra sus familiares.
Guzmán López admitió también ser líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, y alcanzó un acuerdo de culpabilidad durante una audiencia en un tribunal federal de Illinois, en Chicago, donde está detenido desde 2023 tras ser extraditado desde México.
Como parte del pacto, El Ratón admitió que supervisó la producción y el tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.
Los fiscales también alegaron que Ovidio y su hermano, Joaquín Guzmán López, dirigían la facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, una empresa criminal que envió cantidades asombrosas de fentanilo a Estados Unidos.
Nueva cita en seis meses
La jueza federal Sharon Johnson Coleman programó su próxima audiencia para dentro de seis meses, en la cual se espera que sean anunciados los términos particulares del acuerdo, así como las recomendaciones de sentencia o acuerdos de cooperación entre las partes.
El Ratón debe cooperar con el gobierno estadunidense y brindarle información sustancial para cumplir el acuerdo, declaró Coleman. Si el gobierno considera que Ovidio cooperó significativamente, ella podría ajustar sus recomendaciones de sentencia a una pena inferior a cadena perpetua, que es la condena que enfrenta El Chapo.
La jueza recordó repetidamente a Guzmán López que el gobierno tiene la facultad absoluta de decidir si ayudó lo suficiente, y que ella tiene la capacidad total de dictar su sentencia final. También señaló que el acusado aceptó entregar al gobierno 80 millones de dólares en propiedades y otros activos como parte del acuerdo, según recogió CBS News.
