San Luis Potosí, SLP. En mayo pasado se cumplieron 11 años de que Alberto Athié, ex cura y activista contra abusos sexuales cometidos por religiosos denunció a Eduardo Córdova Bautista, sacerdote que tiene una ficha de búsqueda por parte de la Interpol, por presuntos delitos de abuso sexual.
Eduardo Córdova Bautista era parte de la élite social local con una vida política de primer nivel por ser parte de consejos consultivos de los pasados gobiernos estatales.
El 29 de mayo de 2014, feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la colonia El Paseo, presentaron en la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales contra la Familia y Derechos Humanos, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora fiscalía general, una denuncia penal contra el sacerdote, Eduardo Córdova Bautista, por los presuntos delitos de abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años, privación ilegal de la libertad contra 19 menores y contra quien resulte responsable en la arquidiócesis potosina por el delito de encubrimiento.
De acuerdo con información oficial, la dependencia abrió la averiguación previa penal 74/2014 ante la mesa del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto. Miguel Ángel García Covarrubias fue el primer procurador en conocer del caso, pero ni él ni su sucesor Federico Garza Herrera avanzaron las investigaciones, denunció en su momento Martín Faz Mora, abogado de algunas víctimas.
La santa impunidad
Faz Mora, representante de algunos de los menores dijo que archivaron las denuncias, desde 1983, los arzobispos, Arturo Szymanski Ramírez (1987-1999), Luis Morales Reyes (1999-2012) y Jesús Carlos Cabrero (2012-hasta la fecha), fueron enterados de la conducta del sacerdote.
El 11 de junio de 2014 la iglesia local fue obligada a reconocer los abusos sexuales cometidos, pedir perdón a las víctimas y crear una comisión de justicia que nunca estableció contacto con las personas afectadas.
Faz Mora dijo a La Jornada que el tema penal y las investigaciones de la fiscalía para dar con su paradero sigue sin avance alguno. La nueva fiscalía no ha dado muestras de particular interés.
Agregó que en el año 2020 las 19 víctimas interpusieron un amparo directo en contra de la fiscalía de San Luis Potosí por la inacción contra el fugitivo Córdoba Bautista respecto de la orden de aprehensión girada por el juez.
A raíz de ello, el Tercer Juzgado de Distrito en San Luis Potosí obligó a la fiscalía a rendir informes periódicos sobre las acciones que realiza para el cumplimiento de la orden de aprehensión, sin que se vean avances sustanciales o eficientes sobre ello.
La iglesia ha jugado un lamentable papel en esto, toda vez que jamás ofreció a la fiscalía elementos suficientes ni para acreditar los delitos o localizar a Eduardo Córdoba.
El también activista se quejó de que nunca compartió los expedientes internos de los diversos procedimientos disciplinarios a los que fue sometido, alegando que “los había enviado a Roma” y que no conservaba copias, lo cual es inverosímil.
Toda vez que se publicó un artículo en febrero de 2019 de una revista especializada en temas católicos en donde es evidente que tuvo acceso a tales archivos internos de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
Tampoco ha recibido a las víctimas y sus familiares en todos estos años.
En su momento, bajo el esquema de control de daños y aminorar el impacto negativo de lo ocurrido, creó una Comisión de Atención a Víctimas que jamás las atendió, ni siquiera cuando éstas se acercaron a ella.
Las víctimas, durante todos estos años, continúan esperando reparación de la Arquidiócesis y una actuación eficaz de la fiscalía que aprehenda a Eduardo Córdoba Bautista para que pague sus delitos.
