Alvarado, Texas. Diez personas relacionadas con un tiroteo fueron arrestadas al exterior de un centro de detención de inmigrantes en Alvarado, Texas, en el que un policía resultó herido y donde personas uniformadas de negro al estilo militar dispararon contra autoridades en una “emboscada planificada”, afirmó una fiscal estadunidense.
Previo al enfrentamiento, el grupo vestido de negro lanzó fuegos artificiales y dañó autos y una estructura de guardia. También escribieron palabras como “traidor” y “cerdo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)”.
Al respecto, la fiscal del Distrito Norte de Texas, Nancy Larson, aseguró durante una conferencia de prensa que todo “parecía estar diseñado para atraer al personal del ICE fuera de la instalación y funcionó”.
Dos oficiales desarmados salieron del centro de detención para hablar con el grupo. En algún momento, el policía de Alvarado llegó y fue baleado por alguien que estaba en el bosque, declaró Larson. El departamento de policía del condado de Johnson informó que el oficial ya fue dado de alta tras una herida en el cuello debido a las agresiones.
Otras búsquedas adicionales en Alvarado llevaron al hallazgo de máscaras, gafas, guantes tácticos, más chalecos antibalas, armas, pintura en aerosol y fuegos artificiales, añadió Larson, quien aseveró que “fue una emboscada planificada con la intención de asesinar a las autoridades del ICE”.
Mientras, las autoridades de El Salvador afirmaron a un grupo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que Estados Unidos tiene “la jurisdicción y la responsabilidad legal” de los 238 venezolanos y 23 salvadoreños migrantes que fueron expulsados a una cárcel de dicho país en marzo pasado bajo acusación de “pandilleros”.
A su vez, once expertos de la ONU criticaron la reanudación por parte de Estados Unidos de la deportación de migrantes a terceros países, como Sudán del Sur, afectado por la guerra, subrayaron la obligación de garantizar que no se los envía a donde corren peligro, y alertaron sobre las implicaciones de la reciente autorización de la Suprema Corte al gobierno para continuar con las deportaciones de extranjeros a otros países.
