Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un nuevo plan para combatir uno de los delitos de mayor crecimiento en México, con un enfoque integral que incluye acciones operativas, incrementar la denuncia ciudadana mediante la línea exclusiva 089, reformas legislativas y coordinación interinstitucional, que contará con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las 32 fiscalías estatales.
El objetivo es incrementar la denuncia ciudadana desmantelar a las redes criminales que cobran “derecho de piso”y que operan con llamadas telefónicas principalmente desde cárceles locales y federales.
En conferencia de prensa, la estrategia fue anunciada este domingo por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SCJN), Omar García Harfuch, quien destacó que este plan instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera secuela de la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
“La extorsión es uno de los delitos que más daño causa a nuestra sociedad. No sólo vulnera la seguridad de las personas, sino lastima su estabilidad económica y afecta su salud emocional”, dijo.
Dijo que aún cuando la extorsión es un delito del fuero común, requiere una respuesta nacional. Por ello, la estrategia estará enfocada en generar detenciones mediante inteligencia, proteger a las víctimas, prevenir el delito y reforzar operativos en centros penitenciarios donde operan call centers para extorsionar, además de campañas preventivas y capacitación a cajeros y recepcionistas para detectar casos.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que tienen “muy bien ubicadas” las cárceles en donde operan call centers de extorsión y el modo de operar de quienes cobran derecho de piso en negocios y carreteras. Por ello, anunció que el 1 de agosto convocará a todos los fiscales estatales para establecer un sistema común de información y levantar denuncias en esta materia.
“Yo voy a convocar para el día primero de agosto a todos los fiscales de todo el país para establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias en esta materia y un sistema común de información que vamos a hacer público”, señaló.
Se cuestionó al fiscal si es necesaria una reforma para que el delito de extorsión sea del fuero federal. Contestó que se está considerando en próximas iniciativas una vez que inicie el periodo de sesiones en el Congreso.
“Eso es un tema que es indispensable y que se está tratando y se está estudiando para poder presentar en la próxima sesión legislativa en que podamos presentar las nuevas iniciativas. Pero es lógico lo que usted está diciendo. Tiene que haber una responsabilidad local, pero tiene que haber también una intervención federal en el caso de que las víctimas no hayan sido atendidas a nivel local”, apuntó.
Actualmente, ocho estados concentran el 66% de las extorsiones del país: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En estas entidades se aplicarán acciones prioritarias con equipos especializados y el apoyo de la UIF para congelar cuentas bancarias usadas por extorsionadores.
También se reforzarán operativos para bloquear líneas celulares utilizadas en extorsiones y se establecerá el uso nacional del número 089, con atención especializada y anónima a víctimas.
“Gracias a los reportes de este organismo, desde marzo a la fecha se han canalizado más de 60 casos de secuestro y extorsión directamente a nuestras áreas de investigación, lo que ha permitido salvar vidas, proteger familias y reiterar que en México no hay espacio para la impunidad”, señaló Harfuch.
Además, destacó que en las últimas semanas se han logrado detenciones clave en Michoacán, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y otros estados, contra operadores de grupos criminales que realizan cobro de piso, secuestros y homicidios.
