Ciudad de México. El presidente nacional y representantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicitan investigar a la empresa Vector Casa de Bolsa y a quien resulte responsable por los presuntos delitos de encubrimiento y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. En su denuncia, señalan directamente al dueño de la empresa y exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
Cuestionado en conferencia de prensa, el coordinador panista Jorge Romero aseguró que el PAN tiene autocrítica, ya que Vector también habría operado recursos para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, advirtió que el oficialismo debería reflexionar antes de usar ese argumento, pues Romo fue colaborador cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Romero Herrera, acompañado por la senadora Kenia López, Santiago Torreblanca, coordinador jurídico del CEN, y Jorge Triana, vocero del PAN, descartó que su partido tema que la denuncia alcance a ex funcionarios de los gobiernos de Calderón o Vicente Fox, en los que sirvió García Luna.
“No venimos cromátizadamente. A quien sea que sea que tenga una conducta que sea ilegal, indebida, por supuesto que tiene que proceder el Estado de derecho, da absolutamente igual de qué color estamos hablando. Es una denuncia genérica y aplica por igual para todos”, declaró afuera de la sede de la FGR en la Ciudad de México.
Respecto a las pruebas, indicó que el partido no cuenta con nuevos elementos, pero la denuncia se sustenta en las acusaciones y sanciones de autoridades de Estados Unidos contra CiBanco, Intercam y Vector, así como en investigaciones previas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). No obstante, aclaró que el PAN enfocó su denuncia únicamente en Vector, porque las operaciones irregulares presuntamente ocurrieron mientras su dueño era funcionario del gobierno federal.
“La presidenta Claudia Sheinbaum dice en sus mañaneras: ‘¿Dónde están las pruebas?, que presenten pruebas contundentes’. Aquí les decimos dos cosas al respecto: las pruebas contundentes las generó la UIF desde hace un año, cuando alertó sobre más de 30 transacciones por casi 50 millones de dólares. Ahí están, son pruebas de su propio gobierno”, afirmó.
Por su parte, Santiago Torreblanca detalló que la denuncia contempla dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, que conlleva penas de 5 a 15 años de prisión, y encubrimiento, sancionado con 1 a 3 años.
“Pero ojo: por el medio de comisión, es decir, si participaron más de tres personas de manera organizada y coludidas con otras, el delito se configura como delincuencia organizada”, explicó.
Los panistas señalaron que esperan que la FGR inicie una investigación y presente avances en un plazo no mayor a seis meses, de lo contrario —advirtieron— se generarán sospechas sobre la imparcialidad del proceso.
