Guadalajara, Jal., Jaime García García, un ciudadano estadunidense de origen mexicano, de 85 años, clama su inocencia desde la prisión en Puente Grande, Jalisco. Desde 2022, espera la resolución de un tribunal federal que determinará si es liberado o inculpado por el asesinato de una niña de 3 años en Tizapán, ocurrido en junio de ese año.
La Fiscalía de Jalisco lo acusa de disparar contra un grupo de menores que jugaban en la calle frente a su casa, presuntamente molesto por el ruido. Su defensa argumenta que el caso está plagado de contradicciones, señalando que los casquillos encontrados no coinciden con las balas disparadas y que tampoco se ha demostrado la presencia de sangre de la pequeña en la escena del crimen.
La narrativa oficial es que además tanto el padre de la niña como García, salieron heridos de disparo de arma de fuego durante el forcejeo, si bien en una primera información la Fiscalía evitó mencionar que también el anciano -quien pasó semanas hospitalizado- había salido herido.
La defensa dice que al no comprobarse, tres años después, la autoría del crimen por García, se violentan de manera sistemática sus derechos humanos y “se prenden las alertas en Jalisco respecto al trato a las personas de la tercera edad”.
“Radicado de hace más de 50 años en los Estados Unidos, (García) sólo venía de visita a la comunidad de Villa Emiliano Zapata, municipio de Tizapán el Alto. Pero el 3 de junio de 2022, luego de un incidente con sus vecinos, se le acusó injustamente de la muerte de una niña. En los hechos, García García recibió dos balazos que lo dejaron herido”, señaló el equipo legal de García.
Entre los testimonios a favor de García presentados por la defensa técnica está el de varios testigos, quienes señalaron que fue el padre de la menor quien disparó en dos ocasiones y acertó en las costillas del anciano “además de golpearlo en el piso junto con otros sujetos”, según consta en informes médicos y de balística que fueron consignados en su momento.
Informaron que la situación física y médica de Jaime García se complica con cuadros de artritis, sordera, casi ciego, además de ser hipertenso y diabético, camina con bastón y andadera, sumado a la legislación que permite a las personas de 70 años o más pasar en prisión domiciliaria su confinamiento.
Otra de las violaciones a los derechos humanos que señala el equipo legal de García es que no se informó al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara sobre la detención de un ciudadano de ese país acusado de homicidio, en particular porque estaba mal herido.
La Jornada consultó a la oficina de prensa del Consulado, pero no se obtuvo respuesta.
