El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal que fortalecen los mecanismos para evitar este delito.

El dictamen se avaló con 74 votos en favor, de Morena y aliados; 13 en contra, de PRI y algunos panistas, y 19 abstenciones, de MC y otros integrantes del PAN, como el coordinador, Ricardo Anaya. La mesa directiva anunció que el documento se turnará a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

La enmienda pasó con cambios de última hora para eliminar toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que ese delito ya está tipificado en el Código Penal Federal y México es parte de instrumentos internacionales que prevén su combate.

Elimina terrorismo

La morenista Lucia Trasviña fue la encargada de presentar la reserva mediante la que se hicieron las modificaciones. Explicó que se elimina del dictamen la figura citada porque es innecesaria y redundante y podría llevar a una antinomia jurídica.

Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña sacó a relucir el caso de las tres instituciones financieras acusadas por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero, al criticar la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). ¿La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desconocían circunstancias? ¿Les faltaba información? ¿Se hicieron ojo de hormiga? ¿Qué paso?, preguntó.

Guadalupe Chavira (Morena) reviró que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la CNBV han informado sobre una investigación al respecto.

En términos generales, la oposición se manifestó en favor de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero “esta causa legítima se está usando como Caballo de Troya para imponer vigilancias sin control y sospechas sin pruebas”.

Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña se quejaron de que la definición de persona políticamente expuesta es ambigua y da pie a que cualquier ciudadano relacionado con ella pueda ser sujeto de sospecha.

Morena consideró falsos tales planteamientos. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y promotor del cambio, recordó que la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no es una norma penal ni de persecución de delitos, sino que tiene una naturaleza preventiva y administrativa.