Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que a pesar de que las tomas clandestinas y los incidentes relacionados con ellas no son hechos aislados ni poco probables, pues han aumentado significativamente, “no se ha diseñado un plan integral ni mecanismos efectivos para prevenir, detectar o reducir el robo de hidrocarburos, mitigar los conflictos en las zonas afectadas, o atender la salud y los daños al medio ambiente en las comunidades siniestradas”. 

En un informe especial sobre la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, donde 138 personas fallecieron y 13 resultaron lesionadas en un incendio en una toma clandestina, afirmó que a más de seis años de los hechos, las familias afectadas no han tenido acceso a un mecanismo de atención adecuado que permitiera clarificar su condición y por ende, su acceso a la reparación integral del daño. 

Por el contrario, denunció, “cuando acuden a solicitar apoyo a las autoridades, enfrentan una percepción negativa, discriminatoria e incluso criminalizante”. 

Recordó que 194 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad tras el fallecimiento de uno de sus progenitores.

Sostuvo que ni Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno federal, estatal ni municipal “se han acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo”. 

En el documento, la CNDH resaltó que Pemex tiene pleno conocimiento del “incremento exponencial” de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos. Sin embargo, su actividad para atender esta situación "se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal”.

Indicó que de la investigación realizada, se advirtió que los ductos de Pemex "se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección (de tomas clandestinas) es obsoleta e incompleta”. Bajo esta lógica, señaló que “existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento, así como un incumplimiento de sus deberes”. 

Expuso que de 1997 a 2022 sumaban 14 mil 411 accidentes en ductos de transporte de hidrocarburos, el 90 por ciento ocurrió en instalaciones de Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística, principalmente en ductos, refinerías y terminales de almacenamiento y distribución. 

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que entre el primero de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2022, se tenían 25 mil 862 carpetas de investigación iniciadas por robo de hidrocarburos, había localizado 28 mil 720 tomas clandestinas. 

Para la investigación, la CNDH solicitó a dos investigadores en las áreas de Física y Química del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM que analizara la información proporcionada por Pemex sobre el incendio en Tlahuelilpan, quienes resolvieron que lo informado “se encuentra dentro de los parámetros y que el protocolo o la secuencia de suspensión del ducto adoptada fue adecuada”.