Madrid. Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el ministerio de Transportes y el ente pública Adif para buscar información y pruebas sobre la investigación abierta contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido de izquierda y operador político y mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La operación fue ordenado por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien además está valorando extender la investigación y la imputación contra la ex presidenta de Administradores de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, a la que sitúa en el corazón de la trama delictiva de adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.
El operativo policial dejó una de las imágenes que más preocupaban al gobierno socialista y al conjunto de la izquierda progresista española: el del registro de la sede central del PSOE, con policías que se concentraron en la antigua oficina de Santos Cerdán para copiar y analizar sus correos personales. Durante el registro, la dirección del partido se mostró totalmente dispuesta a colaborar y no puso ningún impedimento.
El registro en la sede central del PSOE duró algo más de tres, así como el del ministerio de Transportes y en las instalaciones de Adif y la dirección general de Carreteras, donde se buscó información relacionada con su ex titular y también ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, como cuentas y productos bancarios de todos los imputados, además de bienes inmuebles o vehículos, es decir todo lo que tenga que ver con su situación financiera.
De hecho, en el auto judicial, el juez Puente asegura que hay “indicios consistentes” en un presunto delito contra la ex presidenta de Adif y el ex director general de Carreteras Javier Herrero, pero ésta debe ser investigada por la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial responsable de indagar en este tipo de delitos, ya que la causa abierta en el Supremo contra Ábalos se debe a su condición de aforado por ser diputado del Parlamento español.
