Buenos Aires. Miles de militantes del peronismo opositor, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales se movilizaban el miércoles en Buenos Aires en apoyo a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, quien comenzó a cumplir bajo arresto domiciliario una condena de seis años de cárcel por corrupción.

Mientras la protesta tomaba fuerza, Fernández anunció en X —antes Twitter— que le ha reclamado al tribunal que la condenó en 2022 que aclare si la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir la víspera incluye la prohibición de salir al balcón de su apartamento para saludar e interactuar con sus seguidores, lo que ha hecho repetidamente desde que la semana pasada la Corte Suprema ratificó la sentencia en su contra.

El kirchnerismo, el sector centroizquierdista del peronismo que tiene a Fernández como referente, era el más ruidoso en la protesta en contra de lo que considera una proscripción política de la también ex vicepresidenta (2019-2023), quien no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires ya que la condena también contempla su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Gremios afines al peronismo —la principal fuerza de la oposición— y combativas agrupaciones sociales izquierdistas también tomaban las calles para confluir más tarde en la céntrica Plaza de Mayo, que será el epicentro de la protesta.

Fernández sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.

La sentencia que la condenó fue ratificada en 2024 por la principal cámara penal y la semana pasada por la Corte Suprema, el más alto tribunal del país.

Fernández fue hallada culpable de administración fraudulenta por irregularidades en 51 procesos de licitación para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, periodo que comprende la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y su mandato como presidenta. Las obras viales eran sistemáticamente adjudicadas a un empresario allegado.

El tribunal que la condenó dictaminó el martes que Fernández, de 72 años, debe cumplir la pena en domicilio, un apartamento en el sur de Buenos Aires, “salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor” y que no deberá ”adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.

En lo que sus críticos consideran un desafío a ese tribunal, la dirigente le reclamó que indique si salir al balcón de su apartamento “se encuentra prohibido, ya sea en forma total o parcial y, en este segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción”.

Cientos de simpatizantes se han congregado en los últimos días a las puertas del inmueble para expresar su apoyo a la ex mandataria, que suele salir al balcón para saludarlos durante largos minutos.

La policía desalojó el fin de semana las estructuras que se habían montado para venta de comidas y bebidas en las inmediaciones del edificio donde reside la ex mandataria. Poco después, sus seguidores volvieron a desplazarse a la zona.