Madrid. El pasado jueves, tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se desentrañó la trama de corrupción en el núcleo duro del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el entonces secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y operador político del mandatario, Santos Cerdán, anunció su renuncia a todos los cargos, incluido su escaño como diputado. Al parecer, y según explicó el propio Sánchez, fue una exigencia del presidente español, pero hasta la fecha no se ha formalizado la renuncia al escaño y nadie sabe con certeza si finalmente entregara el acta que le acredita como parlamentario y que le da inmunidad judicial.
Cerdán tenía que haber registrado su renuncia como diputado el pasado viernes, un acto que se tiene que hacer en persona en la oficina central del Congreso, para posteriormente entregarla a la Mesa de la Cámara, que es la que finalmente elabora el escrito de dimisión del acta, lo envía a la Junta Electoral y finalmente se acredita su dimisión como diputado y por tanto deja de tener inmunidad judicial.
Este gesto es crucial para que el proceso judicial que se inició ya en el Tribunal Supremo siga su curso habitual, en caso contrario, y si finalmente decide mantener su escaño como hizo su antecesor en el cargo y también implicado en la trama de corrupción, el ex ministro José Luis Ábalos, entonces se tendría que pedir una autorización al Parlamento, que tendría que votar su desafuero temporal mientras dura la investigación.
En el caso de Ábalos fue para de su estrategia de defensa, con lo que todas las alertas están encendidas en el PSOE ante la posibilidad de que se repita el mismo escenario, incluso a pesar de que fue el propio Sánchez quien afirmó durante su comparecencia del pasado jueves que él mismo le había exigido a Cerdán la renuncia a todos sus casos, incluida la de diputado.
El escándalo que afecta al gobierno español y al PSOE también afectó a dos destacados dirigentes del socialismo de Aragón, hasta el punto que desde el partido político decidieron suspenderlos de militancia y abrirles un expediente informativo para analizar la gravedad de su actuación. Se trata del concejal del ayuntamiento de Zaragoza Alfonso Gómez Gámez y el miembro del comité regional Alfonso Martínez, quienes aparecen en unas grabaciones incluidas en el informe policial hablando de comisiones irregulares para la adjudicación ilegal de obras públicas.
