La nueva ley de la Guardia Nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum establece controles judiciales para garantizar que los integrantes de esta corporación respeten los derechos humanos y la legalidad durante el ejercicio de sus atribuciones.

De manera particular, contempla que la intervención de comunicaciones privadas se realizará siempre y cuando sea aprobada por la autoridad jurisdiccional en caso de que haya indicios de que se está organizando la comisión de un delito.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Comisión Permanente señala que los responsables de efectuar dicha tarea deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las garantías fundamentales. También, que las escuchas deberán hacerse en los términos avalados por el juez.

La intervención preventiva de comunicaciones se autorizará en relación con delitos contra la salud, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual contra menores de edad, homicidios vinculados a la delincuencia organizada, tráfico de armas y de indocumentados, desaparición forzada cometida por particulares y asalto en carreteras, entre otros.

El documento plantea que los miembros de la Guardia Nacional podrán recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante el uso de cualquier herramienta que resulte necesaria para la generación de inteligencia preventiva.

Apunta que en el ejercicio de esta tarea se respetarán la vida privada y los derechos humanos. Los datos obtenidos que afecten estas garantías carecerán de todo valor probatorio, prevé la iniciativa.

Asimismo, contempla que la corporación podrá solicitar, por escrito y bajo la conducción del Ministerio Público, a concesionarios, permisionarios, operadores telefónicos y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, la información con que cuenten, así como la georreferencia de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para tratar de impedir delitos.

Con la finalidad de preservar la paz y proteger a la población, se propone también que la Guardia Nacional realice funciones de seguridad pública que corresponden a entidades y municipios, para lo que se firmarán convenios con las autoridades locales, las cuales deberán presentar informes periódicos del avance de su programa de fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de seguridad.