Washington. El gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a que investigan los presuntos crímenes de guerra de Israel en los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania.

El Departamento de Estado estadunidense anunció este jueves que congelaría cualquier activo que los jueces de la CPI, originarios de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, tengan en jurisdicciones de Estados Unidos. Esta medida es sólo el último paso que la Casa Blanca ha tomado para castigar a la CPI y a sus funcionarios por las investigaciones emprendidas contra Tel Aviv y Washington.

“Como jueces de la CPI, estos cuatro individuos participaron activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro cercano aliado, Israel”, alegó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

“La CPI está politizada y afirma falsamente tener discreción ilimitada para investigar, acusar y procesar a nacionales de Estados Unidos y nuestros aliados”, añadió Rubio. "Esta peligrosa afirmación y abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados, incluido Israel".

Minutos después del anuncio de Estados Unidos, el tribunal internacional condenó sus acciones.

“Estas medidas son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, señaló el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, manifestó en un comunicado.

En febrero, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de "nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" de Washington, la cual prohíbe a los estadunidenses hacer negocios con esas personas y restringe su entrada al territorio. Khan se separó de su cargo el mes pasado en espera de una investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Las nuevas sanciones tienen como objetivo a la jueza de la CPI Reine Alapini-Gansou, quien es originaria de Benín y formó parte de la sala de jueces de instrucción que emitió la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el año pasado. También formó parte del tribunal que aprobó originalmente la investigación sobre presuntos crímenes israelíes en los territorios palestinos en 2021.

La jueza, de 69 años, también fue parte del panel de jueces que emitió la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023. El año pasado, un tribunal en Moscú emitió una orden de arresto contra ella.

Por su parte, Beti Hohler, de Eslovenia, fue elegida como jueza en 2023. Anteriormente trabajó en la fiscalía del tribunal, lo que llevó a Israel a objetar su participación en los procedimientos que involucraban a funcionarios israelíes. Hohler declaró el año pasado que nunca había trabajado en la investigación de los territorios palestinos durante sus ocho años como fiscal.

Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, y Solomy Balungi Bossa, de Uganda, son juezas de apelaciones en la CPI. Ambas han trabajado en casos que involucran a Israel.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen la legitimidad del tribunal, que emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva militar que lanzó contra Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Israel rechaza las acusaciones.