La resistencia del magisterio democrático a la privatización de sus pensiones tiene, por lo menos, 21 años de vida. Aunque hay muchos precedentes, su momento fundacional, el que anticipa lo que se vive hoy, tuvo de epicentro Ciudad Juárez, Chihuahua, el 22 de octubre de 2004.
Vicente Fox era presidente. En la primera semana de agosto de 2004, anunció su intención de reformar el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Servicio del Estados (Issste). En los hechos, su propuesta era parte de un plan de restructuración auspiciado por el Banco Mundial (BM), llamado Proyecto de Asistencia Técnica para la Reforma al Issste.
En el proyecto se establecía –explicó Roberto González Amador en este diario– un “sistema de pensiones casi idéntico al que predomina en México para los trabajadores del sector privado”. Esto es, un fondo de pensiones constituido por aportaciones individuales, administrado por filiales de bancos, conocidas como ad ministradoras de fondos para el retiro o Afore.
Apenas dos semanas antes, el Congreso había aprobado reformar dos artículos de la Ley del Seguro Social, que redujeron los beneficios de la jubilación y pensión, y el gobierno anunció que seguiría el sistema de retiro de los empleados federales.
Pero ese 22 de octubre en Ciudad Juárez, al hombre de las botas se le apareció el demonio con rostro de maestros. El convoy presidencial marchaba tranquilo cuando docentes se abrieron paso enfrentando a los integrantes del Estado Mayor Presidencial, custodios del mandatario.
Frente a las camionetas, se lanzaron al suelo para frenar la marcha de la caravana. Los guardias empujaron y golpearon a los manifestantes. Ellos aguantaron.
Los trabajadores de la educación gritaron: “Fox, ¡entiende!, el Issste no se vende”, “¡esas reformas no pasarán!” y “¡no, a la privatización del Issste!” Llevaban pancartas contra las Afore y las reformas a las pensiones. Fox, mentiroso compulsivo, pidió no dejarse engañar, y aseguró que no pretendía ninguna privatización.
Desde entonces, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incorporó a su pliego de demandas la exigencia de no privatizar el Issste y rechazo las Afore. Tanto en los resolutivos de sus congresos, como en los de sus asambleas nacionales, la defensa de la seguridad social ocupó un lugar medular.
La reforma a la Ley del Issste, con base en las “sugerencias” del BM, se impuso por la mala en 2007. Era presidente Felipe Calderón y director de la institución, como una posición concedida a Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes (todavía no beatificado por la 4T). Pretextaron que el instituto vivía “la peor crisis financiera de su historia” y que no había dinero.
Miles de maestros se movilizaron contra la reforma. El 2 de febrero, la CNTE publicó un desplegado llamando “a que resuene en todo el país el rechazo total a la privatización del Issste”. Así se hizo.
Ante las oficinas centrales de la institución en la Ciudad de México, levantaron el campamento “Residencial Lomas del Issste”, con edificaciones de ladrillo y cemento. Las protestas se multiplicaron.
El 31 de mayo de 2007, Carlos Sandoval reportó para WRadio: “Por lo menos tres enfrentamientos se han dado ya, entre la Policía Federal Preventiva y las secciones 18 y 22 de Michoacán y Oaxaca, así como las del Distrito Federal, al intentar apoderarse del edificio central. Los manifestantes superan en número a los policías y en ocasiones los han hecho correr. Ahora los tienen rodeados”.
El 5 de junio, los docentes bloquearon la Torre del Caballito y las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, para exigir la derogación de la ley. Josefina Vázquez Mota, entonces titular de la SEP, los llamó a respetar el camino de “la legalidad y el diálogo” y la vida institucional. La sede del Issste devino cuartel militar.
Además de las acciones directas, en cuatro momentos se promovieron más de 2 millones y medio de amparos impugnando casi todos los capítulos de la ley. El asunto llegó a la Suprema Corte. Como señaló Gustavo Leal en su momento, la disyuntiva era clara: o se reconocían los derechos adquiridos y se fallaba la inconstitucionalidad del nuevo ordenamiento legal, o se pisoteaban los derechos transmutándolos en “expectativa de derecho”.
La Corte se puso contra los trabajadores.
Desde entonces, la exigencia de abrogar la ley del Issste fue una constante en todas las movilizaciones de la CNTE. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional, explica el profesor Pedro Hernández, participante en los diálogos de la coordinadora con el mandatario, “le planteamos la demanda. Siempre argumentó que no tenía mayoría en las Cámaras para una reforma así”.
En 2023, durante la campaña presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum ofreció “recuperar las pensiones de los trabajadores de México” y “echar atrás” las leyes de 1997 (reforma al IMSS) y 2007. Pero ya en la Presidencia, cambió su posición.
A mediados de 2024, la CNTE estableció un campamento en el Zócalo durante 27 días. Los pasados 6 y 7 de marzo (hace tres meses), paró 48 horas, con la exigencia central de echar atrás la ley del Issste.
El 19, 20 y 21 de marzo suspendió labores.
El 15 de mayo se fue a la huelga e instaló el plantón en el Zócalo.
La actual jornada de lucha acumula 21 años de descontento contra la ley del Jodissste, que se tornaron en digna rabia.
En el gobierno federal no calibraron el nivel de malestar de los maestros, ni su determinación de movilizarse. El nuevo Resssiste (nombre del movimiento pionero de Ciudad Juárez que enfrentó a Fox) se convirtió en un tsunami que exige dejar de lado, en materia de jubilaciones, los intereses de Afore y banqueros, y poner en el centro los de maestros y trabajadores al servicio del Estado.
X:@lhan55
