San Miguel Xoxtla, Pue. Pobladores de San Miguel Xoxtla determinaron realizar un cabildo abierto para intentar echar abajo el acuerdo que hicieron el gobierno de esta localidad y la empresa Concesiones Integrales --encargada del servicio de agua potable en la entidad– donde aceptan que la mitad del líquido que se extrae de un pozo ubicado en sus terrenos sea destinado a abastecer a la capital del estado.

Los inconformes, que bloqueaban desde el jueves la autopista México-Puebla, abrieron la circulación la madrugada de ayer y efectuaron una reunión, a la que acudieron el síndico municipal Miguel Hernández y los regidores Aidé Marín, Edgar Bermúdez y Marcos Ramos.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron decenas de soldados, agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía estatal, los asistentes a la asamblea firmaron un documento en el cual se estipuló como primer punto que la citada sesión abierta se efectuará el 2 de junio a las 16 horas.

También se determinó que mientras tanto el pozo quedará a resguardo de la comunidad, por lo que no se permitirá que la concesionaria del agua potable inicie obras para la extracción de líquido.

El tercer acuerdo de ayer es que hasta que sesione el cabildo los pobladores no cerrarán de nuevo la vía México-Puebla, como lo hicieron el miércoles y el jueves.

Durante la asamblea de ayer a las 10 de la mañana, el síndico Miguel Hernández propuso a los quejosos acudir a una mesa de diálogo en las oficinas de la Secretaría de Gobernación estatal, lo que ellos rechazaron porque, aseguraron, en esas reuniones sólo quieren intimidarnos.

La presencia de los agentes de seguridad fue tomada por los habitantes que se oponen a que se extraiga más agua de su municipio como una forma de amago; destacaron que intuían el riesgo de una represión.

Y es que los uniformados formaron un perímetro en las principales calles aledañas a la plaza central, donde se llevó a cabo la reunión; pasadas las 2 de la tarde, un grupo de agentes de la GN se acercó a los luga-reños y les sacaron fotos, lo que alertó sobre el riesgo de detenciones.

Por momentos hubo tensión ya que el activista Pascual Bermúdez denunció que ha recibido amenazas de muerte si no desiste de su lucha, además surgió el rumor de que se preparan decenas de denuncias penales por los cierres de la autopista.Bermúdez responsabilizó a la edil pevemista, Guadalupe Ortiz, de lo que le pueda pasar él y su familia.

Los pobladores denunciaron que los agentes utilizaron inhibidores de señal en la zona, lo que impidió a la gente comunicarse a través de sus teléfonos celulares y redes sociales.