El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la acusación formal contra dos hombres—padre e hijo—por presuntamente brindar apoyo material a un cártel mexicano vinculado con lo que el Departamento de Justicia calificó como actividades terroristas. Según las autoridades, los acusados habrían participado en una conspiración para importar ilegalmente decenas de millones de dólares en petróleo crudo, ocultando la operación mediante declaraciones falsas y esquemas de lavado de dinero.

La investigación, desarrollada como parte de la operación Liquid Death—una rama de la iniciativa federal Operation Take Back America—involucra la colaboración de múltiples agencias federales, entre ellas el FBI, la DEA, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Alguaciles y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El objetivo, según el Departamento de Justicia, es desmantelar por completo las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses del crimen organizado.

Durante los arrestos iniciales, las autoridades confiscaron cuatro barcazas que transportaban petróleo crudo, tres camiones cisterna comerciales, un vehículo personal, una camioneta perteneciente a la terminal Arroyo en Rio Hondo, así como propiedades adicionales, incluyendo tanques de almacenamiento en dicha terminal. Todos estos bienes están ahora sujetos a procesos de decomiso, y el gobierno estadounidense anunció que buscará una sentencia monetaria de 300 millones de dólares en caso de condena.

Los delitos por los que se acusa a los hombres incluyen conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista, lavado de dinero y contrabando con declaraciones falsas. Las penas por estos cargos van desde cinco hasta veinte años de prisión, dependiendo del delito. En el caso del cargo adicional por gasto de dinero ilícito que enfrenta uno de los acusados, James Jensen, podría enfrentar hasta diez años más de cárcel. Las multas asociadas van desde los 250 mil hasta los 500 mil dólares, o el doble del valor de los bienes implicados.

El caso está siendo llevado por los fiscales federales James Sturgis y Laura García, mientras que los procedimientos relacionados con los bienes incautados están en manos de los fiscales Mary Ellen Smyth y Tyler Foster. El Departamento de Justicia recordó que una acusación no equivale a una condena, y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio.