Los principales funcionarios de aplicación de la ley de 19 estados presentaron una demanda federal después de que el presidente republicano firmara la orden ejecutiva en marzo, diciendo que sus disposiciones interferirían con el poder de los estados para establecer sus propias reglas electorales.

Según las autoridades, los acusados habrían participado en una conspiración para importar ilegalmente decenas de millones de dólares en petróleo crudo, ocultando la operación mediante declaraciones falsas y esquemas de lavado de dinero.

Es "claramente inconstitucional" y viola el fallo de 1973 en el caso Roe vs Wade, que consagró el derecho al aborto, dijo el Departamento de Justicia.